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Cromañón por la Memoria

Buenos Aires, 5 de mayo de 2021. Uno
sabe que Cromañón pasó acá por la plazoleta, las esculturas, los murales y los
nombres de los 194 fallecidos presentes en todas partes. Es todo esfuerzo de
familiares y sobrevivientes, quienes proponen además convertir el inmueble de
Mitre 3060, donde funcionó el boliche, en un Espacio de Memoria.

El
presente del edificio se ubica en las antípodas de esta idea: está tapiado, la
Justicia lo devolvió al dueño original que lo subalquilaba para que funcione el
lugar de recitales, han pintado los muros interiores y tirado a la basura
pertenencias de quienes el 30 de diciembre asistieron al concierto de
Callejeros. El futuro del lugar es un misterio y sobrevuelan todo tipo de
rumores: desde la instalación de una saladita, viviendas informales o un
depósito de mercadería a tono con el perfil comercial de Once.

Mediante
el Movimiento Cromañón, familiares de víctimas, amigos y sobrevivientes en 2019
presentaron en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de ley
para expropiar el inmueble de la calle Mitre. Al ver que la iniciativa estaba
cajoneada, presentaron otro proyecto complementario de patrimonialización
(protección estructural del edificio).  

Legisladores
de la oposición los incorporaron como proyectos propios. Primero cayó la
expropiación y en la última sesión de 2020 el de patrimonialización perdía
estado parlamentario. Intentaron tratarlo sobre tablas (a mano alzada y sin
haber pasado por Comisiones) pero el oficialismo Vamos Juntos (PRO y aliados)
impuso la negativa.

Por
eso, en marzo de este año desde el Movimiento volvieron a presentar los
proyectos y a entablar conversaciones con todos los bloques parlamentarios. La
expropiación fue derivada a la Comisión de Derechos Humanos y la del cuidado
estructural a Planeamiento Urbano.

“Que
se patrimonialice Cromañón significa que se incorpore al Patrimonio Histórico
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociendo el significado e
importancia que posee como parte de la identidad del pueblo”, destacan los
fundamentos del proyecto de ley vigente. “La protección estructural surgió como
una alternativa para garantizar el cuidado del edificio”, dice a este medio
Silvia Bignami, integrante del Movimiento Cromañón y madre de Julián Rozengart,
uno de los jóvenes fallecidos en el incendio de Balvanera.

“El
PRO, que tiene el poder de voltear proyectos que no le gustan porque tiene
mayoría, no quería la expropiación porque decía que demandaba mucho dinero. Por
eso al principio apoyó la patrimonialización, que no implicaba gastos, pero
luego en los hechos dejó caerlo y a nosotros no nos atendió”.

En
contexto, el cuidado estructural se pide porque la Justicia le devolvió ese
edificio y linderos a Rafael Levy, el propietario que sub alquilaba a Omar
Chaban para que funcione Cromañón. Luego, en abril de 2019 un grupo de personas
ingresó al ex boliche a pintar paredes y a tirar pertenencias que estaban desde
el 30 de diciembre de 2004. Había ropa, zapatillas, hasta bicicletas.

“El
oficialismo nos decía que el problema de nuestro planteo era el dinero para
costear la expropiación. Es un delirio indemnizar a Rafael Levy. Los familiares
logramos llevarlo a juicio y allí se demostró que Levy a través de una sociedad
offshore era el dueño del inmueble. Fue condenado a cuatro años y medio y
cuando recuperó la libertad la Justicia, o más bien la injusticia, le devuelve
el inmueble sin más. Esa devolución es ilegal y antiética”, opina Silvia.

“Un
año, nosotros hicimos un escrache porque en uno de los inmuebles había un
prostíbulo encubierto. Por eso creemos que los vecinos están en peligro con
semejante persona operando desde las sombras y con la posibilidad de poner
cualquier cosa en el lugar donde funcionó Cromañón. Hoy si uno ve, hay gente
que está ocupando el lugar, incluso hay un medidor”, describe.

Sobre
las pertenencias, indica que “muchos familiares y sobrevivientes tenían la
esperanza de recuperarlas por su valor sentimental”. “Cuando nos quejamos ante
la Justicia, nos dijeron que la culpa era nuestra por no haber pedido que los
conservaran. Es un nivel de violencia que no se puede creer para con nosotros”,
lamenta.

El
2019 fue también duro porque, al conmemorarse 15 años de la tragedia, mediante
un fallo judicial se ordenó al Gobierno porteño instalar un memorial por
Cromañón en el Parque de la Estación de Perón y Gallo. Era un proyecto
pendiente desde hacía más de una década. El punto es que la obra costó más de
$23.000.000 y se debatió con una ley de doble lectura (mediante una audiencia
pública) en paralelo al pedido de familiares y sobrevivientes por la
expropiación en principio y luego por la patrimonialización.  

Al
cierre de esta edición, un grupo de integrantes del Movimiento iba a visitar la
Legislatura porteña para “llevar carteles sobre Cromañón” con el fin de
instalar el debate: “Estamos limitados por la pandemia, pero esta nunca fue una
lucha fácil y vamos a seguir adelante”.

De
todos modos, se buscan alternativas. “Si no pasa nada en Ciudad, ya pedimos una
entrevista con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, también pensamos
ver la posibilidad de que algún diputado nacional presente un proyecto de
expropiación por su parte”.

“No
queremos planta ni cargos ni nada, somos familiares de fallecidos y
sobrevivientes que luchamos por un espacio de memoria para que no se olvide lo
que pasó en Cromañón. Si el objetivo es cansarnos, eso no va a pasar. Nosotros
luchamos contra la pandemia de la desmemoria”, concluye Silvia. 

                                                                                              Por
Juan Castro

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