Porteñas | Reforma de la Ley de Deudores Alimentarios
Para combatir la morosidad
Las personas inscriptas por orden judicial en el Registro Público de Alimentantes Morosos enfrentarán restricciones y sanciones más significativas con el objetivo de reforzar el cumplimiento de sus obligaciones. De esta forma, no podrán obtener licencias de conducir definitivas, acceder a cargos jerárquicos, postularse a cargos electivos en la Ciudad, realizar operaciones notariales sobre bienes inmuebles o muebles registrables, ni asistir a eventos masivos, como partidos de fútbol o recitales con más de 5.000 personas.
La reforma impulsada por el Ministerio de Justicia del Gobierno de la Ciudad y la legisladora Inés Parry también amplÃa las funciones del Registro, incorporando herramientas que facilitarán el cobro de deudas y promoverán la concientización ciudadana a través de campañas, talleres y cursos de sensibilización. Además, se acortaron los plazos para la inclusión de los deudores en el Registro, acelerando los procedimientos judiciales y administrativos.
Otra novedad es la introducción de la figura de la responsabilidad solidaria para los empleadores que omitan informar sobre relaciones laborales con personas incluidas en el Registro, lo que garantizará una mayor eficacia en el cumplimiento en el cobro de las deudas alimentarias.
El Subsecretario de Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, Hernán Najenson, celebró la reforma afirmando: "Con estas modificaciones buscamos generar un cambio cultural, promoviendo la responsabilidad y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes de la Ciudad". En la misma lÃnea, el director general de Asuntos Registrales, AgustÃn Ulanovsky, destacó: "La aprobación de esta reforma nos permite contar con una herramienta más eficaz y moderna para combatir la morosidad alimentaria. Con estas nuevas disposiciones, avanzamos hacia un sistema más ágil, justo y eficiente".
Esta reforma forma parte de un enfoque integral liderado por la SubsecretarÃa, que incluyó otras iniciativas como el programa "Responsabilidad Alimentaria" para organizaciones y empresas, capacitaciones dirigidas a todo el personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la firma de convenios con registros provinciales para el intercambio de información. Estos programas buscan consolidar un enfoque integral y coordinado para garantizar los derechos alimentarios y fortalecer el cuidado y protección integral de los niños, niñas y adolescentes.
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