Buenos Aires, 14 de julio de 2023. Faltando pocos días para que se cumplan 19 años de la tragedia ocurrida el 30 de diciembre de 2004 en el boliche República Cromañón, el presidente Alberto Fernández firmó el primer día de noviembre el decreto destinado a darle protección patrimonial al conjunto que abarca al ex boliche, pero también al hotel lindante y al Santuario y Paseo de los Pibes de Cromañón. A partir de esta decisión, estos bienes declarados Monumento Histórico Nacional conforman un “Conjunto de Memoria Colectiva del Trauma Histórico”, sobre uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente.

Fue una medida impulsada por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, y las organizaciones de sobrevivientes y familiares de las víctimas. Estas últimas celebraron la noticia aunque volvieron a reclamar la reglamentación de la ley de expropiación del lugar, aprobada hace ya más de un año. Esa reglamentación es un requisito necesario para avanzar en la expropiación del inmueble y poder concretar allí la conformación de un nuevo espacio de memoria, esta vez en recuerdo de los jóvenes que perdieron allí la vida debido a la negligencia y al afán de lucro.

A su vez, el Gobierno nacional declaró a la Colección Cromañón alojada en la sede del Archivo Nacional de la Memoria, en el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex-ESMA), como Bien de Interés Histórico Nacional. En este sentido, el decreto asegura que “los bienes que conforman este Conjunto de Memoria Colectiva del Trauma Histórico constituyen el crudo testimonio, material e inmaterial, de uno de los capítulos más dolorosos en la historia del país”.

El 30 de diciembre de 2004, producto del accionar negligente de empresarios, músicos, policías y funcionarios, murieron 194 personas, en su mayoría jóvenes, en República Cromañón. Todo se inició cuando una bengala sostenida por un asistente al recital de Callejeros impactó la media sombra que recubría el techo, que se empezó a prender fuego rápidamente. Las llamas y el humo invadieron todo el boliche, causando innumerables víctimas.

La gran mayoría de quienes perdieron la vida o resultaron heridos eran jóvenes. “La trágica jornada del 30 de diciembre de 2004 fue producto del accionar de sujetos públicos y privados, quienes, siendo responsables de la seguridad e integridad de terceros que se encontraban ocasionalmente a su cuidado, decidieron omitir las claras señales y reiteradas alertas en lo relativo a las condiciones del local”, sentenciaron las autoridades en los considerando del decreto.

La compleja trama de responsabilidades civiles y políticas que se desataron luego del incendio implicó la realización de cuatro juicios orales para juzgar a un total de 26 personas, de las cuales 21 fueron condenadas. Casi todos ya están en libertad, excepto Eduardo Vázquez, baterista del grupo Callejeros, que sigue preso por el femicidio posterior de su esposa, Wanda Taddei. 

En el decreto se estima que al menos 4500 sobrevivientes tuvieron secuelas físicas y psicológicas, y que “desde el momento en que se produjo la tragedia, los y las sobrevivientes de Cromañón, junto a sus familiares, amigos y amigas, lucharon por cimentar la Memoria, exponer la verdad y obtener la justicia reparadora de este trauma histórico”.

La norma que declara ese espacio urbano Monumento Histórico Nacional es inédita en la historia de la protección de bienes por parte del Estado argentino. Y es que “La masacre de Cromañón ha sido un parteaguas para las generaciones jóvenes a partir de sus consecuencias en el tiempo", señaló Mónica Capano, directora de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos. “La declaratoria de los espacios de la masacre y de los objetos que la testimonian es una ruptura con la vieja concepción del patrimonio, al superar las miradas esteticistas y hegemónicas y al dar cuenta del conflicto que entrañan las memorias del trauma. Estos lugares que hoy pasan a ser patrimonio de la patria han sido escenario de una masacre cuyas heridas, de alguna manera con este decreto, el Estado argentino contribuye a saldar”, abundó. Capano remarca que la declaratoria es fruto de “un arduo trabajo participativo” con las organizaciones de familiares, sobrevivientes y amigas y amigos, y con la Secretaría de Derechos Humanos. “Lo que, una vez más, nos lleva a afirmar que los patrimonios son políticos en el sentido más virtuoso de la palabra”.

Tras la declaratoria, se espera que el Poder Ejecutivo reglamente la ley de expropiación del conjunto de bienes para que el Tribunal de Tasaciones de la Nación pueda establecer el valor y fijar la compensación correspondiente. “Recién entonces se podrán determinar los usos porque hoy sigue siendo propiedad privada. Se piensa en un espacio de memoria en el que se exhiban los objetos testimoniales, en el que haya un museo de sitio y donde, quizás, se guarde el archivo que hoy preserva la Secretaría de Derechos Humanos, pero lo fundamental es que estos destinos van a surgir de un trabajo mancomunado de las organizaciones y el Estado”, agregó Capano.

                                                                                                                   Norberto Alonso

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