Buenos Aires, 28 de marzo de 2023. El reclamo exteriorizado por las y los trabajadores se condensa en la demanda de igualdad con los docentes que trabajan en el sistema educativo de la ciudad, por los que solicitan que los CPI pasen a depender de la cartera educativa y no de Desarrollo Social, como sucede hasta ahora.

En su carta al jefe de Gobierno porteño las y los trabajadores del CPI Semillitas de Balvanera reclamaron: “Aumento de la beca que nos permita alcanzar en la canasta básica alimentaria a todxs lxs trabajadores en el mes de abril. Equiparación progresiva de los salarios de lxs trabajadorxs de la educación en todas sus áreas (docencia y auxiliares docentes, trabajadores de cocina, limpieza, equipos técnico y directivo). Equiparación de derechos laborales en relación de dependencia con el Estado. Equiparación de derechos de las infancias, garantizando vacantes para todos lxs niñxs que vieron cerrar las puertas de sus CPI y no consiguen vacantes en la educación. Material didáctico acorde a las necesidades de la primera infancia. Alimentación saludable sin que baje la calidad de los productos del comedor”.

Expresaban así una vieja problemática que no tiene visos de solución por el momento. Tiene por condicionante la creciente infantilización de la pobreza. Según el INDEC en el segundo semestre de 2021 -último dato disponible- la pobreza alcanzó a un 51,8% de niños de entre 0 y 17 años. Y si hacemos foco en los chicos de 0 a 5 años el índice de pobreza es del 53% de los niños. Quizás esta será la razón por la cual se decidió encauzar al Plan Nacional de Primera Infancia (PNPI) y los Centros de Primera Infancia bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y no en el de Educación. Si bien Educación tiene su área de nivel inicial, la misma no forma parte del PNPI, como tampoco forma parte el área de salud responsable de la malnutrición infantil. 

En octubre del año pasado, ATE Capital se había hecho eco de este reclamo con un paro y una movilización a sede central del Ministerio de Desarrollo Social en Mataderos. En esa ocasión Agustina Panissa, Secretaria Adjunta de ATE Capital presente en la movilización, expresó: "Este gobierno no atiende a los sectores más vulnerables, no queremos que quede la política pública en la buena voluntad, queremos que haya mayor presupuesto, jerarquización de las políticas; recién escuchamos esa voz colectiva, esa voz de los laburantes, de los efectores de derechos y no es casual que estemos todes juntes: los que trabajan en los desalojos, quienes trabajan en los CPI y quienes trabajamos en este Ministerio, porque la problemática y la lucha es la misma y es contra la precarización".

En su nota pública las y los trabajadores del Semillitas expresan: “Le pedimos cómo trabajadores y padres de los chicxs del CPI, que el Gobierno de la Ciudad se responsabilice por la situación que atraviesan los Centros de Primera Infancia, de su desfinanciamiento año tras año como de todas sus consecuencias institucionales. Los Centros de Primera Infancia funcionan con lo que se denomina “gestión asociada”: significa que el estado delega la responsabilidad de cumplir con los derechos de las infancias en organizaciones sociales, dependiendo de un subsidio y lineamientos del Ministerio de desarrollo humano y hábitat porteño”.

“La desinversión del Estado porteño respecto de las tareas pedagógicas y sociales que se realizan en nuestros espacios, llevan a tener, según el CPI, sueldos docentes que van de los $47.000 a los $80.000 la jornada completa, y aún más abajo los salarios de limpieza, cocina, y auxiliares docentes. Todas tareas fundamentales para la atención integral a las infancias que realizamos. Durante enero una familia necesitó $163.539 para no ser pobre y $72.043 para no ser indigente. En la CABA la canasta de alimentos y servicios para el mes de enero fue de $334.322. Con estos datos, podemos decir con claridad que actualmente nuestros sueldos son de indigencia. (Es importante aclarar que el sueldo de una docente que pertenece a educación es de $260.000 jornada completa de 8hs)”, sumaron.

“Los docentes son monotributistas, por lo que tampoco cuentan con derechos laborales como aguinaldo, art, aportes jubilatorios, antigüedad, etc. Incluso si son despedidos no tienen la posibilidad de acceder al seguro de desempleo. Otra problemática que surge en los CPI es la falta de personal y el su rotación constante, así como la falta de personal suplente. Esto produce inestabilidad en el sostenimiento de las propuestas a los niños y niñas, y en consecuencia se sobre exige al personal disponible. Quienes estamos en estos espacios comprometidos con estas infancias en situación de vulnerabilidad, vemos cada día más comprometida nuestra realidad económica y las de nuestras familias”, cuestionaron.

“Si bien a partir de los meses próximos los CPI recibirán un aumento del 90% en cuotas, esto no cubre el atraso sufrido durante el 2022, y tampoco nos permitirá llegar a la “canasta de pobreza” de 163 mil. Gracias a nuestra lucha logramos que reconozcan los gastos de infraestructura, entre otros reclamos. Ahora vamos por más. Porque muchas veces se nos hace imposible seguir sosteniendo la calidad educativa, debemos limitar los materiales didácticos, de higiene y limpieza que son fundamentales para garantizar el sostén y propuestas que las niñeces requieren de nosotros”, añade la carta.

“Hace años que reclamamos ser reconocidas en nuestra tarea pedagógica cómo docentes y trabajadores de la educación. Hace 12 años que ponemos el cuerpo garantizando los derechos de las infancias, ¡lo mínimo que esperamos es poder llegar a fin de mes! Vamos a seguir luchando colectivamente para poder regularizar los salarios y que sean acordes a la realidad inflacionaria de nuestro país. Exigimos que el ministerio se haga responsable de nuestros sueldos y derechos, ya que somos trabajadoras que dependemos de sus políticas públicas”, concluyeron.

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