Sociedad | Tragedia de Once

Siguen los alegatos de las defensas

Ayer se reanudaron los alegatos de las defensas en el juicio por las responsabilidades penales en la llamada Tragedia de Once. Uno de los mayores accidentes ferroviarios de la historia argentina tuvo lugar el 22 de febrero de 2012, cuando el tren chocó contra la cabecera del anden en la estación terminal “Once de setiembre”, causando 51 muertos y 789 lesionados de diversa gravedad. Buenos Aires, 20 de octubre de 2015. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Capital continuarán este lunes, desde las 9, con las audiencias de los alegatos de las defensas en el juicio oral en la causa en la que se investiga el hecho ocurrido el 22 de febrero de 2012, cuando un tren de la línea Sarmiento colisionara con la cabecera del andén número 2 de la estación terminal “Once de septiembre” y que produjera 51 víctimas fatales y 789 lesionados, informa el Centro de Información Judicial.
Ante el tribunal -integrado por los jueces Jorge Alberto Tassara, Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Ana D’Alessio, esta última en calidad de jueza sustituta-, estaba previsto que en la jornada continuara la exposición de la defensa del acusado Marcos Antonio Córdoba, maquinista a cargo de la formación siniestrada.

Además se encuentran imputados Sergio Claudio Cirigliano, Marcelo Alberto Calderón, Carlo Michele Ferrari, Carlos Alberto Lluch, Sergio Daniel Tempone, Jorge Álvarez, Guillermo Alberto D’Abenigno, Jorge Alberto de los Reyes, Alejandro Rubén Lopardo, Carlos Esteban Pont Vergés, Daniel Fernando Rubio, Víctor Eduardo Astrella, Oscar Alberto Gariboglio, Francisco Adalberto Pafumi, José Doce Portas, Juan Pablo Schiavi, Ricardo Raúl Jaime, Pedro Ochoa Romero, Laura Aída Ballestero, Antonio Marcelo Ricardo Suárez, Miguel Werba, Daniel Guido Lodola, Luis Alberto Ninoná, Antonio Eduardo Sícaro, Roque Cirigliano y Pedro Rainieri y Mario Francisco Cirigliano.

De acuerdo al requerimiento fiscal de elevación a juicio, todos, a excepción de Córdoba, se encuentran acusados por los delitos de defraudación contra la administración pública (previsto por el artículos 174 -inciso 5°- en función del 173 -inciso 7°- del Código Penal) y descarrilamiento culposo (196 -primer y segundo párrafos-). Según el Código Penal, esos delitos tienen una escala de pena de 2 a 6 años de prisión y de 1 a 5 años de prisión, respectivamente.

En tanto, Córdoba está imputado por el delito de descarrilamiento culposo (art. 196), que tiene una escala de pena de 1 a 5 años de prisión.

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