Buenos Aires, 28 de mayo de 2019. A poco más de 14 años de la tragedia, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal condenó al Estado Nacional y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pagar una multimillonaria indemnización en concepto de daños y perjuicios a una mujer cuya hija murió por el incendio de la discoteca República Cromañón. El fallo a favor de Andrea Elsa Pelc, que ratificó parcialmente al de primera instancia, también incluyó como condenados a Raúl Villarreal (colaborador del fallecido Omar Chabán, organizador del recital), al ex subcomisario Carlos Díaz y la ex funcionaria porteña Ana María Fernández.

El monto de la condena es de 983.200 pesos, pero la suma se actualizará desde el momento del hecho, por daño moral y psicológico y lo que se estimó como el "valor vida" de María Celeste Peón, hija de Pelc y una de las 194 víctimas fatales del incendio, durante un recital del grupo Callejeros, cuyos miembros fueron citados como "terceros" en esta demanda.

El Estado nacional y el porteño fueron responsabilizados porque sus agentes no hicieron cumplir las imposiciones legales, ni observaron las obligaciones de funcionarios, como surge de las condenas en la causa penal por el incendio del local. 

Argañaraz fue condenado porque se probó que conocía las características del lugar y que no desconocía la prohibición sobre el uso de pirotecnia empleada por el grupo Callejeros.

A Díaz se le atribuyó su vinculación con el acuerdo ilícito que implicaba permitir que el espectáculo se diera a pesar de las condiciones peligrosas del lugar, y a Fernández el incumplimiento de sus deberes como Coordinadora General de la Unidad Polivalente de Inspecciones. Los integrantes de la banda musical también fueron condenados en el juicio en sede penal, pero no integraron el conjunto de demandados por Pelc, aunque fueron citados como "terceros".

Para fijar los montos indemnizatorios, se tuvo en cuenta que desde que se produjo la muerte de su hija, Pelc "se encuentra en tratamiento ambulatorio" por ese hecho y es "medicada".

En paralelo, tomaba estado público una carta de un sobreviviente, que reclamó contra el intento de vaciar la memoria de lo sucedido en Cromañón, con la remoción de los rastros dejados por las víctimas y de sus pertenencias abandonadas allí. Mauro Fernández publicó una extensa nota en Infobae que en sus párrafos más significativos afirma: "Los recuerdos son piezas de museo, pero los museos construyen memoria. Individual y colectiva. No puedo imaginar lo que pasaron las familias de los 194. Los que no volvieron. Los que, quizás, dejaron una zapatilla perdida, una huella de su resistencia sobre las puertas cerradas. No hay reparación posible. Solo nuestra podrida Justicia que decidió cortar por lo más débil y, aunque sentó un precedente con la débil condena a pocos funcionarios de baja monta, no llegó a la raíz sistémica del problema. Aún faltaba el remate: cerrada la última causa penal, el Tribunal Oral en lo Criminal 24 restituyó el local a su dueño, Rafael Levy, que estuvo preso por la tragedia menos de cuatro años. Simplemente le dio las llaves a la apoderada legal de la offshore propietaria del local, como si nada hubiera pasado. El Gobierno de la Ciudad desoyó los reclamos de los familiares de víctimas y sobrevivientes que exigieron la expropiación del predio y la constitución de un lugar para la memoria. Pero la memoria no está bien vista en estos oscuros tiempos históricos. Y ese acto, esa llave a uno de los responsables por la masacre, permitió que cada recuerdo, cada zapatilla, cada remera, fueran a un volquete y transportadas con destino incierto. Las huellas de esas manos que buscaron desesperadamente la vida fueron pintadas de un fresco blanco. La barra que facturaba fuerte gracias a la sobreventa de entradas que imposibilitó una evacuación ordenada fue demolida. El telón del escenario, y quizás la tela que cayó sobre mi espalda, rematándome al piso sin posibilidad de seguir hacia la puerta, se fue también donde solo Levy sabe. Robaron vida, robaron justicia y ahora robaron recuerdos. Son incansables mercaderes de la muerte y el olvido."

Más adelante agrega: "El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenía la responsabilidad de evitar que esto ocurriera. Una vez más, estuvo ausente. Padres y sobrevivientes lo advirtieron. El Gobierno hizo oídos sordos. Enterados de los movimientos, un padre intentó ingresar con una maza y un cortafierros, pero la policía de la Ciudad se lo impidió. Luego, acorralados, les permitieron entrar y fue entonces que constataron ese doble vacío: el del lugar, y el del corazón, al comprobar que, una vez más, se hacía visible que, como dijo Yabrán, poder es impunidad. Levy fue detenido el 5 de diciembre de 2014, diez años después de los hechos. En 2018 ya estaba en libertad condicional, y ahora arremetió una vez más contra las familias, en particular, pero contra la reparación de lo que un sistema corrupto y una cadena de negligencias y vistas gordas terminó por causar."

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