Porteñas | Crisis de seguridad

Servicio Penitenciario porteño

El gobierno de Jorge Macri avanza en la creación de su Servicio Penitenciario en medio del conflicto con el gobierno nacional por la fuga de presos. Macri acusó al Gobierno Nacional de no cumplir con el trasladado de los detenidos a las dependencias federales. Esto genera una sobrepoblación de presos en comisarías y alcaidías porteñas. Actualmente, hay 2.459 detenidos en estos lugares, de los cuales 399 ya tienen condena firme pero no fueron trasladados a cárceles. Buenos Aires, 4 de marzo de 2025. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires puso en marcha un organismo que buscará crear su propio servicio penitenciario. Ocurre en un momento de tensión con el gobierno nacional por los presos en las comisarías y también procura reforzar la autonomía porteña. El organismo es la subsecretaría de Política Criminal y Asunto Penitenciarios, que estará a cargo del dirigente radical Leandro Halperín. El objetivo es crear el sistema penitenciario local en el que uno de los ejes centrales sea la plena resocialización de los presos. Para ese necesitará una ley de la Legislatura porteña.

La decisión llega tras las críticas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al jefe de Gobierno, Jorge Macri. Bullrich señaló que la situación es resultado de “malas decisiones políticas que hoy pagan los porteños con su seguridad y los argentinos con su bolsillo”. Desde la Ciudad respondieron que el Gobierno Nacional no cumplió con su compromiso de trasladar a los presos condenados y asignar agentes penitenciarios.

El nuevo sistema carcelario porteño solo cubrirá el 5% de los detenidos actuales, mientras que la Ciudad sigue exigiendo que se agilicen los traslados al Servicio Penitenciario Federal (SPF). Según fuentes del Ministerio de Justicia porteño, hay 29 personas que llevan casi un año detenidas en comisarías, 144 que superaron los dos años y 19 que esperan el traslado desde hace más de dos años.

Otro punto de conflicto es el costo que genera la permanencia de los presos en dependencias porteñas. En 2024, la Ciudad gastó $70.161 millones en la gestión de detenidos, con un costo promedio diario por cada uno de $83.576. Este gasto debería ser asumido por Nación, ya que el SPF es el responsable del alojamiento de los presos condenados.

Con la creación de su propio sistema penitenciario, la Ciudad busca avanzar en la eventual transferencia del SPF, cuya cesión se acordó en noviembre pasado, pero aún no se concreta. Mientras tanto, continúan las tensiones entre ambas jurisdicciones por la gestión de la seguridad y el destino de los reclusos.

En la actualidad, la ciudad no tiene cárceles. La unidad de Devoto es del gobierno nacional. Por eso, los presos que se detienen en CABA se alojan en comisarías o alcaidías que son lugares transitorios de pocos días de alojamiento hasta que son derivados a una cárcel. Pero desde la pandemia que el Servicio Penitenciario Federal, que depende de Nación y que tiene convenios con la ciudad, achicó los cupos de ingresos de presos de CABA.

Eso generó que las comisarías estallen de detenidos: hay 2500 para una capacidad de mil, lo que generó -entre otros motivos- fugas semanales de esas dependencias. Una sobrepoblación que en rigor se vive en todos los sistemas de detención del país.

Se creía que con la llegada de Javier Milei al gobierno nacional y con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad eso iba a cambiar por la buena sintonía con el jefe de gobierno, Jorge Macri. Pero se agravó. La tensión política por las elecciones provocó duros cruces de Bullrich con el ministro de Seguridad de la ciudad, Waldo Wolff, que se echan responsabilidades mutuas sobre a quién le corresponde alojar a los presos.

La Nación dice que son de ciudad porque se los detiene allí. Ciudad responde que, de todos esos presos, la amplia mayoría son de la justicia penal nacional y hasta que no sea transferida en su totalidad son de la Nación y, por lo tanto, deben ir a cárceles federales. O que el gobierno central le transfiera a CABA su servicio penitenciario.

Pero como el traspaso hoy no es lo más viable por las peleas políticas, la Ciudad avanzó por otro carril. Creó la subsecretaría de Política Criminal y Asunto Penitenciarios dentro del Ministerio de Justicia, a cargo de Gabino Tapia, uno de los hombres de más confianza del gabinete de Jorge Macri. La subsecretaría estará a cargo de Halperín bajo la órbita de la Secretaría de Justicia -virtual segundo del Ministerio- que ocupa Francisco Quintana.

Halperín es un dirigente radical que responde al presidente del partido nacional, Martín Lousteau, y al titular de CABA, Martín Ocampo, que además es el procurador General de la ciudad. El nuevo funcionario conoce el mundo penitenciario. Fue titular del programa UBA XII de estudios universitarios en las cárceles, asesoró a Bullrich cuando era secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios durante el gobierno de Fernando De la Rúa, fue legislador porteño y subsecretario de Vinculación Ciudadana con la seguridad en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y viene de ser comisionado nacional del Comité para la Prevención de la Tortura en representación de las provincias.

Halperín presentó el año pasado un proyecto en la Legislatura para crear el sistema penitenciario en la ciudad. Ese será el eje de su nuevo trabajo. La iniciativa contempla varios objetivos. Uno se vincula a la coyuntura: que los presos no se fuguen. También que los internos que formen parte de organizaciones criminales tengan un régimen más estricto para evitar que desde su lugar de detención sigan manejando el delito, lo que ha ocurrido en muchas oportunidades.

Los otros se vinculan con el rol social que deberían tener las cárceles. El servicio penitenciario porteño buscará que haya trabajo pleno para los internos. Eso no solo permitirá que forme parte del proceso de resocialización -y que bajen los índices de reincidencia en el delito- sino que los presos tengan un sueldo con el que paguen su alojamiento y comida. Así lo establece la ley nacional de Ejecución de la pena. También que se busque un mecanismo para que indemnicen a las víctimas.

En la resocialización, el proyecto de Halperín es trabajar sobre las causas que llevó a una persona a cometer el delito y hacer intervenir a los resortes que ya tiene el estado porteño: adicciones, salud mental, trabajo, o el área que corresponda.

El camino no es inmediato. Requiere de la aprobación de una ley de la legislatura. Habría un principio de acuerdo para avanzar porque todos los bloques -el peronismo, la Libertad Avanza, el PRO- presentaron proyectos, pero el año electoral y las disputas políticas podrían demorarlo.



Compartir nota en las redes sociales Enviar Imprimir

Dejanos tu comentario