Comunales | A veinte años del incendio de Cromañón
Reparación integral a víctimas
En la noche del 30 de diciembre de 2004 hubo un recital de la banda Callejeros en el boliche República de Cromañón ubicado en Mitre 3060, a metros de Plaza Miserere, en Once, barrio de Balvanera. A los pocos minutos una bengala quemó la media sombra del techo y se produjo un incendio por el cual murieron 194 personas y hubo más de 1400 heridos. Fue la peor tragedia no natural de Argentina y modificó aspectos sociales, políticos y culturales.
El miércoles 4 de diciembre de este año, luego de una reprogramación, se reunieron las comisiones de Derechos Humanos y de Presupuesto de la Legislatura. Habilitaron la votación en el recinto de la propuesta del oficialismo, sustentada “en el principio de solidaridad social”, que declara vitalicia la asistencia económica a familiares de víctimas y sobrevivientes.
Hasta ahora, la asistencia mensual era por un plazo que se fue renovando. Se hizo en 2018 y 2021 y debía actualizarse antes de terminar el 2024. Además, el proyecto oficial garantiza el acceso a medicación “de forma ágil, accesible y gratuita prescripta” y a la atención en los Centros de Salud Mental del subsistema público porteño. Por otra parte, se cambia el concepto de “tragedia” por el de “masacre”, tal como la han llamado desde un inicio en la comunidad de Cromañón.
El punto de disidencia entre el oficialismo y los sobrevivientes es que el texto de Vamos por Más establece un plazo de dos años para incorporar más beneficiarios a la reparación. Sumará a quienes -mediante escritos judiciales- sean reconocidos como damnificados del incendio en Once.
La Ley N° 4786 reconoció a más de 1600 damnificados de Cromañón. No obstante, las agrupaciones de sobrevivientes y familiares hablan de entre 3500 y 4500. “Hay un dictamen, pero es insuficiente. El derecho a ser reconocidos como sobrevivientes y familiares no puede seguir siendo negado”, dijo el Movimiento Cromañón. Lamentan que la Ley de 2013 dejó a “muchas víctimas en situaciones de vulnerabilidad y exclusión” y temen que esto continúe.
Como a fines de este año se debía renovar el beneficio de la asistencia económica, en septiembre ocho entidades de familiares y sobrevivientes, entre ellas El Camino Es Cultural y Movimiento Cromañón, habían presentado un proyecto de ley para “saldar las deudas con las víctimas y avanzar hacia una reparación integral definitiva y para todas las víctimas”. Solicitaban: “Reconocimiento a todas las víctimas; Fortalecimiento de los programas de salud integral, con un enfoque en la salud mental y la prevención de enfermedades asociadas al trauma; Promoción de la inserción social y laboral; Inclusión de medidas simbólicas de reparación, como el resguardo de espacios de memoria; Carácter inclusivo y vitalicio en todas las prestaciones”. “Es necesario ponerle fin a la situación revictimizante de otorgarle temporalidad a la subvención económica”, concluían.
En la defensa del proyecto hablan de “la arbitrariedad” del alcance de la Ley porteña N° 4.786 “e ineficiencia en su implementación” que “ha dejado a muchas víctimas en situaciones de vulnerabilidad y exclusión”. “Aunque se estima que entre 3500 y 4500 personas estaban presentes en Cromañón, sólo alrededor de 1650 han sido reconocidas oficialmente como sobrevivientes desde 2013”, indican.
“Durante estos casi 20 años, al menos 19 sobrevivientes se han suicidado, y muchos otros han fallecido a temprana edad debido a problemas de salud derivados de esa noche fatídica. Además, numerosos padres y madres de víctimas fatales han muerto por enfermedades oncológicas y otras condiciones asociadas al estrés y la tristeza”, problematizaron. En octubre, la Asociación Civil Familias por la Vida había presentado otro proyecto para dar atención médica a los hermanos de víctimas fatales (2º grado de consanguinidad) y conservar sepulturas gratuitamente y a perpetuidad.
En paralelo, a fines de septiembre el legislador del oficialismo Vamos por Más Claudio Romero había presentado el Expediente 2736-D-2024 para modificar la Ley porteña N° 4786. Se trata del texto que, con algunos cambios, se votará el 12 de diciembre.
El proyecto establece que la asistencia económica será “vitalicia, no hereditaria y compatible con todos los demás programas del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat o quien lo reemplace en el futuro”. Se contempla un pago mensual de $281.000 para “los familiares de víctimas fatales hasta el 1º grado por consanguinidad” y $153.000 para las “víctimas sobrevivientes”. “Se actualizará conforme al incremento salarial acordado para el personal de Planta Permanente del Escalafón General del GCBA”, se aclara.
Pese a lo planteado por el oficialismo, en Familias por la Vida dijeron: “El dictamen leído no responde a las necesidades ni a las demandas reales de quienes sufrieron y aún sufren las consecuencias de aquella tragedia”. “No hay reparación si el Estado no asume su responsabilidad y reconoce a las víctimas”, cerraron el Movimiento Cromañón.
Juan Castro
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