Comunales | Encubrimiento del atentado a la AMIA

Memora Activa apeló

La Asociación Memoria Activa pidió condenas y mayores penas para los acusados. Con un escrito presentado ayer apeló el fallo del Tribunal Oral Federal número dos que dictó "condenas leves" para algunos de los acusados de encubrir la denominada "pista siria" del atentado, y absolvió entre otros al ex presidente Carlos Menem. "Presentamos nuestra apelación para todas las absoluciones que consideramos injustas y para las penas bajas a los imputados condenados", resumió la organización, mediante un comunicado de prensa.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2019. La Asociación Memoria Activa, que reúne a familiares y amigos de las víctimas del atentado contra la AMIA, apeló el fallo dictado por el Tribunal Oral Federal 2 y pidió condenas y mayores penas para el ex presidente Carlos Menem, el otrora jefe de la Unidad Antiterrorista, el ex comisario Jorge "Fino" Palacios; los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el abogado Víctor Stinfale y el ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, el ex agente Patricio Finnen y el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja. El abogado integrante del CELS, Rodrigo Borda, presentó el extenso escrito de 266 páginas y sostuvo que hay contradicción entre los hechos probados --pistas falsas en el expediente AMIA, encubrimientos, privaciones de la libertad-- y las absoluciones o condenas bajas dispuestas por el tribunal.

El 28 de febrero pasado, los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel dispusieron la absolución de Carlos Menem, el ex agente de inteligencia Patricio Miguel Finnen, el ex titular de la DAIA Rubén Ezra Beraja, el abogado Víctor Alejandro Stinfale y el ex policía Jorge Alberto Palacios. Al mismo tiempo, condenaron al ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy a cuatro años y seis meses de prisión; al ex juez Juan José Galeano, a seis años; a los ex fiscales  Eamon Mullen y José Barbaccia, a dos años de prisión de ejecución condicional; al desarmador de autos Carlos Alberto Telleldín, a tres años y seis meses; a su ex mujer,  Ana María Boragni, a dos años; al ex agente de inteligencia Juan Carlos Anchezar, a tres años y al ex policía Carlos Castañeda, también a tres años.

Según la sentencia ahora cuestionada, quedó probado que se le pagó una coima de 400.000 dólares al principal imputado, Carlos Telleldín, para que declarara contra policías bonaerenses, aún sabiendo que esos uniformados eran inocentes. También se probó que se encubrió la pista conocida como Kanoore Edul y que tuvo que ver con el allanamiento de los domicilios de ese ciudadano argentino de origen sirio-libanés, sospechado de tener relación con el atentado. La jugada decisiva tuvo que ver con una llamada a Casa Rosada y una visita al hermano del entonces presidente Menem, para frenar los procedimientos que estaban a cargo de Palacios. Los allanamientos que se iban a hacer a la mañana terminaron haciéndose al atardecer, permitiendo que los allanados estuvieran alertas.

Sin embargo, pese a dar por probadas maniobras de semejante envergadura, según Memoria Activa, las penas no fueron en consonancia con la gravedad de los hechos y hasta hubo absoluciones con argumentos que la agrupación considera "sesgados, arbitrarios y con un rejunte de premisas contradictorias. El tribunal podría haber dictado una sentencia ejemplar y no lo hizo. Perdió su oportunidad y no estuvo a la altura de las circunstancias". En el escrito se analiza caso por caso y se fundamenta por qué se le pide a la Casación que revoque el fallo y agrave la situación de los imputados.

Memoria Activa consideró que "las absoluciones y las penas bajas al ex juez Juan José Galeano y al ex secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy" fueron consecuencia de una decisión de los jueces "incoherente con aquello que dieron por probado y bajo una valoración de la prueba sesgada y arbitraria".

Adriana Reisfeld y Diana Wassner, que perdieron a su hermana y su esposo respectivamente, lideran la agrupación que ayer le pidió a la Cámara de Casación que revoque lo decidido por el TOF 2, anule las absoluciones y condene a penas más elevadas a los que resultaron condenados. La encargada de la primera revisión de la sentencia es la Cámara Federal de Casación Penal, antes de que intervenga la Corte Suprema de Justicia.


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