Buenos Aires, 19 de octubre de 2021. Cuando todo parecía inevitable la impunidad de los autores del mayor atentado terrorista del país, después de los salvajes bombardeos a civiles en Plaza de Mayo previos al golpe de estado que derrocó a Perón, la actual gestión de la Agencia Federal de Investigaciones reportó haber hallado un enorme galpón, cerrado, "con cajas y cajas de la Dirección de Contrainteligencia y que tienen el rótulo AMIA", según publicó el colega Raúl Kollamann la semana pasada en Página 12. ¿Qué dirán esos documentos? Es algo que nadie sabe y los familiares de las víctimas reclaman que se investigue exhaustivamente.

Investigación que no se hizo hasta ahora una "cantidad descomunal de documentos secretos de la SIDE sobre la investigación del atentado contra la AMIA" que se acumulan en el subsuelo del Palacio Barolo, a disposición del actual fiscal a cargo de la causa que, semanas atrás, había solicitado el sobreseimiento de todos los imputados en la causa. En ese momento, al conocer la voluntad del fiscal Sebastián Basso, los familiares de las víctimas le respondieron al fiscal con sendos escritos durísimos señalando que la investigación fue una sucesión de irregularidades, incluyendo --dice el texto de APEMIA-- “el pecado original de la acusación contra Hezbollah e Irán, que está resguardado en los papeles secretos de la SIDE”.

También Memoria Activa le contestó a Basso con dureza, sobre todo porque el fiscal elogió una investigación que fracasó en todos los terrenos: hasta hoy no se sabe, por ejemplo, de dónde salieron los explosivos, dónde se armó la camioneta-bomba, quién la estacionó en el parking de la Facultad de Medicina 72 horas antes del atentado; quién retiró la camioneta y la incrustó contra el edificio de Pasteur 633.

Los familiares de las víctimas del atentado, como ya informamos en su momento, en especial los agrupados en APEMIA, que lidera Laura Ginzberg, le pidieron a la jueza María Eugenia Capuchetti, que debía resolver sobre el tema, que no sobresea a nadie hasta que no se termine el trabajo de los documentos secretos. Finalmente Capuchetti les dio la razón a los familiares: rechazó los sobreseimientos y ordenó que, de una vez por todas, la Unidad Fiscal de Investigación AMIA (UFI AMIA), a cargo de Basso, termine con la elemental tarea de revisar los archivos de la exSIDE. 

En paralelo, otra buena novedad. El ministro de Justicia, Martín Soria, prepara el reflotamiento de la Unidad AMIA de esa cartera, organismo que asistía, desde el Ejecutivo, la investigación. El macrismo cerró esa unidad tras la renuncia de Mario Cimadevilla, integrante de Cambiemos, que denunció a Macri porque no se hacía nada y hasta lo acusó de encubrimiento de los autores del atentado. Creada por Néstor y Cristina Kirchner, en distintos momentos estuvo a cargo de Nilda Garré o de Alejandro Rúa o Juan Martín Mena, siendo una oficina de asistencia al juzgado y la fiscalía, lo encargados de la investigación. 

La Unidad AMIA, que por los trascendidos va a estar a cargo de una mujer, se ocuparía de terminar las reformas y asegurarse que todas las dependencias del Poder Ejecutivo colaboren en aportar la documentación existente. Por ejemplo, según parece, en la Agencia Federal de Inteligencia apareció un enorme galpón, cerrado, con cajas y cajas de la Dirección de Contrainteligencia y que tienen el rótulo AMIA.

En cualquier caso, el foco estará puesto ahora en terminar con la digitalización y análisis de los archivos de los servicios de inteligencia. Los familiares de las víctimas son muy críticos de Basso, que no produce informes ni muestra actividad. Está en su puesto por designación del procurador Eduardo Casal y del gobierno de Juntos por el Cambio, que desplazaron un buen equipo de fiscales nombrado en su momento por Alejandra Gils Carbó y que avanzó en casi todos los terrenos, consolidando algunas pistas y desechando otras. Se sumará la nueva Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, reformulada tras los escándalos denunciados por el radical Cimadevilla, quien apuntó contra Macri y otros miembros de la alianza que él mismo integraba. 

La sala primera de Casación rechazó la semana pasada inhibirse en la causa del memorándum con Irán. Al rechazar el planteo, los jueces Diego Barroetaveña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone reafirmaron que son ellos y no sus colegas de la sala cuarta del tribunal de Casación los que deben intervenir en el trámite de este expediente.

La sala primera de la Cámara Federal de Casación penal confirmó que le corresponde intervenir en el marco de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades a partir de la firma del memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán en el marco de la Causa AMIA y rechazó inhibirse.

El fallo al que accedió la agencia estatal Télam cobra relevancia dado que aún no han llegado a Casación las eventuales apelaciones que puedan ser presentadas contra el fallo del Tribunal Oral Federal 8 que, hace diez días, dispuso el sobreseimiento de todos los acusados de esa causa por inexistencia de delito.

Al rechazar el planteo de inhibitoria, los jueces Diego Barroetaveña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone reafirmaron que son ellos y no sus colegas de la sala cuarta del tribunal de Casación los que deben intervenir en el trámite de este expediente.

La sala cuarta es la que integra Mariano Borinsky y, en su momento también el actual presidente del Tribunal Gustavo Hornos, cuestionados por todas las defensas de la causa luego de que se supiera (a principio de este año) que durante el gobierno de Cambiemos visitaron al entonces presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.

Los jueces de la sala I de Casación decidieron también rechazar el intento de recusación del fiscal Marcelo Colombo promovido por la querella encabezada por Luis Czyzewski y Mario Averbuch –familiares de víctimas del atentado a la AMIA-, después de que el representante del Ministerio Público convalidara la realización de una audiencia pública para tratar los planteos de las defensas que llevaron a que cayera el juicio oral.

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