Porte√Īas | Justicia rechaz√≥ apelaci√≥n de Larreta y las empresas

Los delivery deber√°n cumplir leyes

La Sala I C√°mara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario rechaz√≥ la apelaci√≥n del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de una decena de empresas de mensajer√≠a instant√°nea, e inst√≥ -con plazos- a normalizar la situaci√≥n de trabajo de sus conductores. Deber√°n inscribirse en el Registro √önico de Trabajadores en Motoveh√≠culos y Ciclorodados. El fallo rechaz√≥ la apelaci√≥n del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de una decena de empresas de delivery, e inst√≥ a normalizar la situaci√≥n de trabajo de sus conductores, implementando de inmediato los cursos de capacitaci√≥n para conductores de estos servicios, seg√ļn informa el sitio iJudicial del Poder Judicial de la Ciudad. La administraci√≥n de Larreta lleva tres a√Īos sin poner en marcha el mecanismo de registraci√≥n previsto por la ley 5526.
Buenos Aires, 16 de julio de 2019. La justicia porte√Īa fall√≥ contra las empresas de delivery y las emplaz√≥ a inscribir a sus trabajadores en el registro √ļnico porte√Īo y los capacite. Adem√°s intim√≥ al gobierno porte√Īo a que controle que los repartidores est√©n equipados con la indumentaria adecuada. Tambi√©n aseguraron que vencido el plazo de 60 d√≠as, el gobierno porte√Īo deber√° clausurar y/o inhabilitar de oficio a toda empresa que no se hallare debidamente registrada y cumpliendo todos y cada uno de los t√©rminos de la ley 5526. Se trata de una sentencia de segunda instancia emitida por la Sala I de la C√°mara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo que preside el ex procurador del Tesoro Carlos Balb√≠n e integran Fabiana Schafrik y Mariana D√≠az. 
 
La Sala I de la C√°mara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, conformada por su presidente Carlos Balb√≠n, y las camaristas Fabiana Schafrik y Mariana D√≠az, orden√≥ al gobierno de la ciudad que dentro de 60 d√≠as corridos se pronuncie respecto de la pretensi√≥n de otorgamiento de habilitaciones e inscripci√≥n en el Registro √önico de Trabajadores en Motoveh√≠culos y Ciclorodados formalizada por Env√≠os Ya S.A., Arribo Postal S.R.L., Curier Express S.R.L., Inmediato S.A., Log√≠stica al Instante S.A., Star Cadetes S.A., The Saint S.R.L. y Tr√°mites Urbanos S.R.L.; y tambi√©n, que efectivice la implementaci√≥n de los cursos de capacitaci√≥n para conductores de motoveh√≠culos y ciclorodados destinados al servicio de mensajer√≠a urbana y entrega de sustancias alimenticias a domicilio. 

Adem√°s, que vencido el plazo de 60 d√≠as corridos previstos, deber√° clausurar y/o inhabilitar de oficio a toda empresa que no se hallare debidamente registrada y cumpliendo todos y cada uno de los t√©rminos de la ley 5526; y por √ļltimo, que el Ejecutivo local dentro del plazo de cinco d√≠as de notificada la presente adopte las medidas necesarias para prohibir que los conductores de motoveh√≠culos y ciclorodados afectados al servicio de mensajer√≠a urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias circulen sin dar cumplimiento a la obligaci√≥n de utilizar el casco homologado e indumentaria con bandas reflectivas y apropiada para d√≠as de lluvia y √©poca invernal; mientras que, en caso de transporte de alimentos, poseer libreta sanitaria. A su vez, hizo saber a Rappi S.A.S., Kadabra S.A.S. (Glovo), y a todas las personas f√≠sicas y/o jur√≠dicas que desarrollan actividades hom√≥logas a trav√©s de plataformas virtuales, que dentro del plazo de 10 d√≠as de notificada la presente, deber√°n solicitar la inscripci√≥n en el RUTRAMyC y la habilitaci√≥n para operar. Todo ello en el marco de los autos caratulados "Env√≠os Ya SA y otros contra GCBA y otros sobre incidente de apelaci√≥n ‚Äď Amparo ‚Äď Otros".

El presidente de la Sala I, Carlos Balb√≠n relat√≥ que "surge de la informaci√≥n oficial aportada por el Ministerio de Salud, que en el lapso de un mes y s√≥lo en relaci√≥n a la intervenci√≥n de los hospitales p√ļblicos de la Ciudad, se registraron 25 accidentes en la v√≠a p√ļblica que involucraron a conductores de motos o bicicletas afectadas al servicio de mensajer√≠a y reparto a domicilio". Y a√Īadi√≥ que "la Asociaci√≥n de Personal de Plataformas (APP) relat√≥ un hecho que habr√≠a ocurrido el 12 de abril pasado vinculado a la muerte de un conductor que desarrollaba su trabajo en el marco de una plataforma digital".

Destac√≥ adem√°s que "si la norma tuviera el alcance propuesto por la accionada resultar√≠a m√°s conveniente para las prestatarias no tramitar la habilitaci√≥n, toda vez que -en tal caso- el que preste el servicio sin registraci√≥n ni habilitaci√≥n no puede ser sancionado; mientras que, por el contrario, el que se hubiese inscripto y estuviese habilitado s√≠ es pasible de sanciones y, eventualmente, de expulsi√≥n del registro". Record√≥ que transcurrieron tres a√Īos desde la sanci√≥n de la ley 5526, de modo que el GCBA cont√≥ con tiempo m√°s que suficiente para arbitrar las medidas necesarias para su implementaci√≥n. En consecuencia, indic√≥ que "es una norma vigente y operativa que debe ser cumplida. Las obligaciones all√≠ previstas se encuentran inequ√≠vocamente ligadas a cuestiones de inter√©s general, como la seguridad vial y el transporte adecuado de sustancias alimenticias. Estas obligaciones rigen para todas las personas que desarrollan las actividades reguladas en la Ciudad, cuenten o no con habilitaci√≥n". Y enfatiz√≥ que "la habilitaci√≥n y registraci√≥n de una determinada actividad implica la consecuente implementaci√≥n de un sistema de control que incluye la realizaci√≥n de las constataciones necesarias tendientes a verificar la ejecuci√≥n regular del servicio desarrollado a fin de evitar que los actores del modelo act√ļen al margen del ordenamiento jur√≠dico". Respecto a los fundamentos, el camarista especific√≥ que "uno de los objetivos del mismo era establecer el r√©gimen laboral de los conductores: se pretende brindar protecci√≥n y seguridad a los trabajadores, luchando por evitar situaciones de empleo no registrado".

Sin embargo, expuso que "tal mandato legal impone necesariamente que, al menos hasta que se adopte la decisión de fondo (momento en el cual resultará oportuno el análisis planteado por la empresa no actora respecto de la inconstitucionalidad de la norma), las prestadoras deberán dar cumplimiento a todas las normas vigentes". Y citó el informe de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo (Organización Internacional del Trabajo), donde destacaron "una serie de inquietudes relacionadas con la poca claridad de la situación en el empleo, el trato injusto, los bajos ingresos, los impagos, la falta de protección social y la falta de voz de los trabajadores"; y que "la mayoría de las plataformas no aplican al trabajo realizado las normas de protección de los empleados que establece la legislación laboral, puesto que los trabajadores suelen ser contratados como contratistas independientes", siendo "clasificados incorrectamente en esta categoría para evitar las obligaciones de la legislación laboral". Es más, indica que "los trabajadores tienen que aceptar los términos y condiciones establecidos por la plataforma, sin margen alguno de negociación, para acceder al trabajo que ofrecen las plataformas".

Para la camarista Fabiana Schafrik, la falta de un desarrollo preciso y adecuado de los motivos que justificar√≠an la supuesta invasi√≥n de la zona de reserva de la administraci√≥n invocada por la recurrente, conllevan a su rechazo. Y se√Īal√≥ que "no surge puntualmente de los argumentos expuestos por el demandado por qu√© considera que la resoluci√≥n en crisis import√≥ una vulneraci√≥n de la divisi√≥n de poderes".

Record√≥ el principio constitucional de publicidad de los actos de gobierno previsto en el art. 1¬į de la Constituci√≥n porte√Īa y ley 104, que dispone que los sujetos obligados, entre ellos, los √≥rganos de la administraci√≥n p√ļblica deben publicar en sus respectivas p√°ginas web, de manera completa y actualizada: "i) Los servicios que brinda el organismo directamente al p√ļblico, incluyendo normas, cartas y protocolos de atenci√≥n, datos de contacto, consultas y v√≠as de reclamo; j) Un √≠ndice de tr√°mites y procedimientos que se realicen ante el organismo, as√≠ como los requisitos y criterios de asignaci√≥n para acceder a las prestaciones y datos de contacto para reclamos y consultas vinculadas a dichos tr√°mites y servicios".

"En efecto, todas las medidas dispuestas provisionalmente propenden a la puesta en funcionamiento del RUTRAMyC y la registraci√≥n de las empresas que se dedican al servicio de mensajer√≠a urbana y reparto domiciliario de sustancias alimenticias en motoveh√≠culos y ciclorodados. Tambi√©n, persiguen el efectivo cumplimiento del poder de polic√≠a respecto de la aludida actividad, lo que abarca el control de las habilitaciones y las registraciones en aras de garantizar la seguridad vial, la prestaci√≥n regular del servicios y las condiciones de trabajo‚ÄĚ, concluy√≥ Schafrik en su voto.

En su disidencia parcial, la camarista Mariana Díaz subrayó que las medidas dictadas en primera instancia, si bien otorgaron visibilidad a la causa, resultaron de escasa claridad en cuanto al alcance, las partes que deberían integrarlo y el carácter bajo el que su inclusión procedería, a la vez que algunas excedieron el ámbito de lo que podía resolverse en función del pedido cautelar formulado.

Con relación al planteo orientado a revertir la inactividad del GCBA que les impedía prestar servicio, resolvió confirmar parcialmente la resolución en cuanto ordenó al Ejecutivo la puesta en funcionamiento del registro, así como la instrumentación de los cursos de capacitación para conductores. En lo referido al incumplimiento de la obligación de control de todas las personas y/o empresas que desarrollan esa actividad, resaltó que los argumentos ensayados por el GCBA desconocían que los deberes de vigilancia a su cargo están destinados tanto a constatar que quienes se encuentran habilitados e inscriptos en el registro correspondiente presten de modo legítimo el servicio, como también controlar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de seguridad y sanidad laboral, y el deber de impedir el ejercicio de la actividad al margen de la ley. Por eso dispuso la modificación de la sentencia de grado, ordenando que informe todas las medidas instrumentadas en cumplimiento de las leyes 265, 2624 y 5526, y las que adopte durante la vigencia de la cautelar, respecto de quienes desarrollan el servicio.

Por otra parte, Díaz explicó que los operativos de tránsito dispuestos por la sentencia de grado carecían de eficacia dado que, por estar en juego el cumplimiento de medidas relativas a la seguridad y sanidad laboral, el control debía ser ejercido por la Subsecretaría de Trabajo y la Agencia Gubernamental de Control. En consecuencia, propició revocar el resto de los mandatos cautelares apelados pues, en coincidencia con el dictamen fiscal, no resultaban idóneos para proteger y resguardar el derecho que los accionantes invocaron en su demanda.

Recordamos que Env√≠os Ya SA, Arribo Postal SRL, Curier Express SRL, E-Log√≠stica SA, Inmediato SA, Log√≠stica al Instante SA, Star Cadetes SA, The Saint SRL y Tr√°mites Urbanos SRL iniciaron una acci√≥n de amparo contra el GCBA, con el objeto de obtener el reconocimiento de su derecho a ofertar y prestar los servicios de mensajer√≠a urbana y reparto domiciliario de sustancias alimenticias en la Ciudad, de acuerdo con el r√©gimen previsto en la ley n¬ļ 5526. Quien entendi√≥ en primera instancia fue el titular del Juzgado n¬ļ 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Andr√©s Gallardo.


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