Buenos Aires, 14 de mayo de 2019. De militantes y vecinos con trayectoria social a funcionarios de carrera y perfiles técnicos. Desde hace años las Comunas porteñas pasaron de ser el ámbito de la democracia participativa a áreas centralizadas, con mediciones y políticas públicas planificadas desde el Poder Ejecutivo porteño. En octubre, por tercera vez en la historia de la Capital Federal, se eligen comuneros en las urnas y desde el partido de Gobierno apuestan a consolidar este recambio.

Tras un proceso de lucha vecinal respaldado por los principios de democracia participativa de la Constitución porteña, se aprobó la ley 1.777 en 2005 que fija el rol de las 15 Juntas Comunales, integradas cada una por siete comuneros, para el gobierno barrial. Los primeros representantes comunales asumieron en diciembre de 2011. El oficialismo, preside las Juntas y tiene más integrantes y hay representantes de fuerzas como el Frente para la Victoria-Unidad Ciudadana, Proyecto Sur y Evolución. Al ser un proceso inédito en la historia de Buenos Aires, las dos camadas anteriores (repartidas en tiempos de cuatro años) atravesaron distintos períodos. 

En forma sostenida, los comuneros de oposición denunciaban que el Gobierno porteño les retenía tareas que por ley correspondían. También alegaban que faltaban recursos y voluntad política. "Nunca les gustó que haya comuneros de perfil político o militantes, ahora van hacia un rol gerencial para ratificarlo", señalan comuneros de Unidad Ciudadana para este artículo. 

En un comienzo, el Poder Ejecutivo publicó varios decretos para transferir a las Comunas responsabilidades sobre poder de policía (inspección de autos abandonados y uso indebido del espacio público), poda y cuidado de calles secundarias. Incluso, durante varios años las Comunas se encargaron de hacer licitaciones públicas para arreglos de espacios públicos. 

Sin embargo, Ciudad eligió el centralismo en ciertas áreas al argumentar que era mejor para administrar recursos. Por ejemplo, en 2018 se aprobaron leyes para que el arreglo y seguimiento de veredas esté a cargo del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; las Comunas sólo intervienen ante remociones de ejemplares arbóreos dañados. Además, las licitaciones las hace la Jefatura de Gabinete de Ministros, área que define anualmente el presupuesto de cada Comuna. Hubo proyectos para que los vecinos planifiquen gastos mediante presupuestos participativos, pero nunca se votaron.  

Ciudad discontinúo la secretaría de Descentralización y se creó la de Atención y Gestión Ciudadana, a cargo de Facundo Carrillo, ex comunero en Recoleta. Se trata, en los hechos, del organismo de la Jefatura de Gobierno (Poder Ejecutivo) al cual reportan las Comunas. Los 15 presidentes de Junta Comunal dialogan de forma directa con Carrillo y sus equipos técnicos. 

En 2017, en cada Comuna crearon cuatro gerencias. Para ellas eligieron a personas que ya desempeñaban tareas en el organigrama de empleados públicos, con experiencia y con un claro perfil técnico y no territorial. En las comunicaciones oficiales de las Comunas se empezaron a incluir sus nombres al lado del de los comuneros. Los vecinos que antes trataban con los juntistas, empezaron a familiarizarse con estos empleados. 

Dos años más tarde y ante una nueva elección, el Gobierno se muestra conforme con estos roles gerenciales. "Al vecino le importa que le resuelvan los problemas, no le importa el nombre o cargo", sentencian. Otras fuentes consultadas agregan: "Los primeros comuneros del oficialismo venían de trabajo territorial, muchos punteros del PJ o la UCR, en menor medida referentes locales sin partido. Ahora, se piensa en gente formada dentro de la administración". 

"Los únicos comuneros que hicieron trayecto político fueron Alicia Besada (Comuna 6 de Caballito) que fue diputada nacional y Jorge Apreda que ahora es legislador y presidió la Comuna 4 (Nueva Pompeya, Parque Patricios, La Boca, Barracas); los demás fueron reelectos o pasaron a organismos porteños o nacionales", añaden. Comuneros de Evolución consultados se mostraron conformes con el desempeño vigente: "Somos un nexo entre vecinos y el Gobierno, estamos en contacto con las áreas como Tránsito, Policía de la Ciudad. Son muchas las demandas, pero se cumple".

La ley 1.777 fomenta la descentralización también con la existencia de asambleas vecinales mensuales llamadas Consejos Consultivos Comunales. En contraposición, desde 2017 existe una plataforma de votación digital llamada BA Elige. El Gobierno porteño financia las ideas más votadas. Vecinos y comuneros dicen que esto atenta contra la democracia participativa de la ley de Comunas. 

Esta situación despertó varios pedidos de informes en la Legislatura porteña e incluso varios amparos judiciales, cuyos fallos fueron favorables para el Gobierno local. Hay otras obras del Gobierno que podrían contar con la opinión de comuneros y vecinos. Por caso, se licitó por $11.000.000 la instalación de 15 murales de fotomosaico con imágenes de hitos barriales. La licitación habla de generar encuentros vecinales, pero no convoca al Consultivo. 

"En BA Elige o en los nuevos roles gerenciales se muestra la idea que tiene el Gobierno porteño sobre las Comunas", dice Pablo Ortiz Maldonado, ex comunero y actual director de la Comisión de Descentralización. "Más allá de la composición de las futuras Juntas, hay una inclinación a pasar el trabajo de las Comunas por oficinas y no por las demandas de los vecinos en la calle", concluye. 

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