Buenos Aires, 5 de junio de 2018. Desde mediados de abril, y a poco de la nueva concesión, se desarrolla un conflicto sindical inédito en el subte porteño. Los metrodelegados, quienes perdieron su personería gremial pero no su inscripción sindical, protestan porque consideran insuficiente la paritaria del 15% que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) firmó con la empresa concesionaria Metrovías y el Gobierno porteño. Hubo paros y levantamiento de molinetes, pero la irrupción de la policía porteña y la detención por casi 24 horas de 16 trabajadores marcó un punto de quiebre.

Estas detenciones, ocurridas el 22 de mayo, luego dieron lugar a despidos. Metrovías ya había sancionado a varios trabajadores. Argumentó que no podían caminar por las vías durante los paros porque eso impedía a otros trabajadores accionar viajes de emergencia. Como la situación continuó, se despidió a tres trabajadores y se sancionó a otros 171. Es una medida de una magnitud nunca antes vista.  

"Cabe mencionar que estas tres personas ya contaban con antecedentes de hechos similares por los que se los había intimado. Debido a los cargos gremiales que ocupan estos empleados, los despidos están siendo notificados a la Justicia laboral a efectos de que la misma autorice la exclusión de su tutela gremial (condición necesaria para que los mismos se efectivicen)", agregó la empresa.

Metrovías hizo una presentación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación para que se intime a la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP), que reúne a los metrodelegados, "a que cese en las diversas conductas que viene desarrollando desde hace más de 40 días para entorpecer la normal prestación del servicio".

Ante esta situación, los metrodelegados anunciaron más medidas de fuerza. Expresaron en un comunicado fechado el día de los despidos: "Ni los trabajadores ni esta Asociación fuimos notificados formalmente de ninguno de los telegramas. Entendemos de una arbitrariedad e ilegalidad extrema que por realizar aperturas de molinetes, se tome una medida de tal magnitud. Claramente esta maniobra de Metrovías, Subterráneos de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad es una provocación que tiene como finalidad empujarnos a una acción que interrumpa el servicio de subtes".

"Una vez más, manifestamos que el inicio del presente conflicto en el subte tiene su origen en que la empresa Metrovías interrumpió la negociación paritaria que mantuvo los meses de marzo y abril con nuestro sindicato, para firmar a espaldas de los trabajadores un acuerdo insuficiente con la UTA (Unión Tranviarios Automotor)", sumaron.

"Expresamos una vez más nuestra voluntad de dialogar para encontrar una resolución al presente conflicto y llamamos a la reflexión al Gobierno de la Ciudad y a la empresa Metrovías para que no continúen profundizando", concluyó el texto firmado por el secretario general Roberto Pianelli y el secretario adjunto Néstor Segovia, uno de los 16 detenidos. 

Los metrodelegados dicen que el recrudecimiento de las sanciones y la postura del Gobierno porteño obedecen a que en diciembre vence la concesión por la cual Metrovías opera el subte. El Gobierno porteño busca que alguna empresa europea o norteamericana con experiencia lo gestione, al menos, por los próximos 12 años. 

Según versiones extraoficiales, algunas firmas interesadas dijeron que había muchos empleados y que se debía despedir gente. Según esta versión la gestión capitalina endurece su discurso para generar confianza ante los interesados.

Según se supo en abril, participarían en la licitación pública internacional el metro de París, Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), Keolys (maneja el servicio de subtes de Lyon y el de Boston), el Metro de Londres (forma parte del conglomerado público Transport For London), la canadiense Bombardier y el subte de Berlín, BVG U-Bahn. 

El conflicto en el subte porteño también tiene su arista ambiental. En marzo los metrodelegados denunciaron que había asbesto, una sustancia cancerígena, en vagones de la Línea B (Leandro N. Alem – Juan Manuel de Rosas) adquiridos a España. Es la que atraviesa la Comuna 3 a través de la avenida Corrientes. Por eso hicieron varios paros y concientizaron a los pasajeros sobre la situación. 

Los metrodelegados informaron que un trabajador murió de cáncer. No descartan que esté relacionado con la presencia de asbesto. Sumaron que se han reportado otros cinco casos de esa enfermedad.

La empresa Metrovías emitió comunicados y desmintió la presencia de ese material. Sin embargo, a fines de mayo el Departamento de Geología de la Universidad Nacional del Sur divulgó los resultados de un estudio hecho en más de 50 muestras en diferentes flotas. Concluyó que hay asbesto en coches de las Líneas B. También en la C (Retiro-Constitución) y E (Bolívar a Plaza de los Virreyes-Premetro). 

El análisis, a cargo de la doctora Leticia Lescano, docente e investigadora de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, indica que la sustancia está presente en las unidades Nagoya 300 de la Línea C, en las formaciones Mitsubishi de la B y en las utilizadas en la E. En el caso de la B, hay algunas autopartes de los vagones comprados al Metro de Madrid en 2011. En la Argentina el asbesto está prohibido desde el año 2000 a través de las Resoluciones N° 845 y N° 823, del 2001. En la Ciudad también rige la Ley 1.820, que impide su uso. 

                                                                                                                                                                                                                                                  Juan Castro

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