Sociedad | Evaluar√°n responsabilidad del estado

Atentado a la AMIA en la Corte

El atentado a la AMIA será analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso de la Asociación Civil Memoria Activa fue presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la Corte para que se analice la responsabilidad del Estado argentino en relación a ese ataque ocurrido en 1994 y la situación de impunidad en la que se encuentra la causa judicial. En su informe, la Comisión concluyó que el Estado argentino "es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, de acceso a la información, a las garantías judiciales, a la igualdad y a la protección judicial".
Buenos Aires, 30 de marzo de 2021. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de la Asociación Civil Memoria Activa, que agrupa a víctimas y familiares de las víctimas del atentado terrorista que 18 de julio de 1994 voló en Buenos Aires la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), para que se analice la responsabilidad del Estado argentino en relación a ese ataque y la situación de impunidad en la que se encuentra la causa judicial.

En su Informe de Fondo sobre ese hecho que dej√≥ 85 muertos y 151 heridos, la CIDH "valor√≥ que en el a√Īo 2005 el Estado acept√≥ su responsabilidad por el incumplimiento del deber de prevenci√≥n y por no haber investigado el atentado de manera adecuada y efectiva".

"El Estado no realiz√≥ un reconocimiento expl√≠cito respecto de los hechos posteriores al a√Īo 2005. Teniendo en cuenta esto, as√≠ como su rol de garante del orden p√ļblico interamericano y la necesidad de determinar el alcance de la responsabilidad del Estado (argentino) y las caracter√≠sticas de las medidas de reparaci√≥n, la Comisi√≥n en su analiz√≥ de manera integral todos los hechos y elementos de fondo materia del presente asunto", se√Īal√≥ la CIDH en un comunicado de prensa.

La Comisión consideró, con base en los elementos desarrollados por la jurisprudencia interamericana, que el Estado "conocía la existencia de una situación de riesgo sobre sitios identificados con la comunidad judía argentina, particularmente después de la ocurrencia del atentado a la Embajada de Israel en 1992".

En el documento se sostiene que "dicho riesgo era real e inmediato", y una muestra de ello es que "existían medidas de seguridad del lugar, y que hubo hechos previos al atentado que llamaron la atención sobre la custodia de la AMIA".

En función de ello, la CIDH estableció que "el Estado no adoptó las medidas razonables para evitar dicho riesgo, pues nunca se impulsó un plan general de combate al terrorismo, ni se tomaron otras medidas adecuadas para proteger el edificio".

Aunque la comisión concede que no se probó que las omisiones tuvieran "un carácter deliberado" contra la comunidad judía, esas falencias prueban que las autoridades argentinas se abstuvieron de tomar medidas razonables para proteger a un grupo susceptible de sufrir un ataque discriminatorio".

"El riesgo para la vida, respecto del cual el Estado aceptó responsabilidad, implicaba también un riesgo de configuración de un acto de discriminación que finalmente se materializó", fundamentó la entidad del sistema interamericano.

Respecto al proceso judicial, la Comisi√≥n concluy√≥ que los √≥rganos estatales "cometieron graves irregularidades", y observ√≥ que hubo una "deficiente preservaci√≥n de la escena del crimen e interrupci√≥n irracional de determinadas l√≠neas l√≥gicas de investigaci√≥n". Asimismo, la CIDH observ√≥ que "el desembolso, por parte de las autoridades judiciales y de inteligencia, de una importante suma de dinero proveniente de los fondos reservados de la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) al entonces √ļnico imputado en la causa (Carlos Telleld√≠n) para que este incorporase informaci√≥n, a la causa, que pudiera construir una hip√≥tesis acusatoria sin sustento".

La CIDH razon√≥ que la conducta de las autoridades a cargo de la investigaci√≥n, a cargo del Juzgado Federal N√ļmero 9 que encabezaba el juez Juan Jos√© Galeano (destituido por un proceso de juicio pol√≠tico) "en vez de impulsar seriamente la investigaci√≥n y la sanci√≥n de los responsables, incurri√≥ en serias falencias, irregularidades y desv√≠o deliberado de la investigaci√≥n por m√°s de ocho a√Īos".

En relaci√≥n con la investigaci√≥n encabezaba por la UFI AMIA, "se observ√≥ que el Estado adopt√≥ algunas medidas relevantes para encausar la investigaci√≥n y subsanar las m√ļltiples afectaciones ocurridas ante el Juzgado Federal No. 9".

"Desde el a√Īo 2015, la UFI AMIA ha realizado una actividad probatoria que posibilit√≥ revelar a√ļn mayores falencias que ocurrieron durante la recolecci√≥n e identificaci√≥n de material probatorio esencial en las diligencias iniciales. Sin embargo, las mismas fueron precedidas de amplios per√≠odos de demora, sin que se hubiere ofrecido una justificaci√≥n al respecto", se indic√≥ en el informe.

Respecto a los procesos judiciales por el encubrimiento del atentado, la Comisi√≥n destac√≥ que, a m√°s de veinte a√Īos de iniciado el procedimiento judicial por las irregularidades cometidas durante la investigaci√≥n "a√ļn no se ha dictado sentencia definitiva".

La CIDH concluyó que existe "una demora irrazonable en la investigación del atentado a la AMIA y respecto a los procesos por el encubrimiento, lo cual ha afectado el derecho a la verdad sobre lo ocurrido y ha tenido un especial impacto en las víctimas y sus familiares".

Por otra parte, en relación con la información clasificada en poder de la SIDE, sus organismos sucesores y la UFI-AMIA, se concluyó que, desde el 18 de julio de 1994 y hasta marzo de 2015, el Estado argentino "violó el derecho de la parte peticionaria a acceder a información vinculada con el atentado, toda vez que mantuvo fuera de su alcance la documentación clasificada como secreta por los propios organismos de inteligencia que participaron en las investigaciones con base en la normativa vigente".

En suma, la Comisión concluyó que el Estado argentino "es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, de acceso a la información, a las garantías judiciales, a la igualdad y a la protección judicial".

En su Informe de Fondo la Comisi√≥n recomend√≥ al Estado "Conducir y llevar a t√©rmino, de manera eficaz la investigaci√≥n de los hechos del caso; reparar adecuadamente todas las violaciones a los derechos humanos; adoptar e implementar las pol√≠ticas y medidas necesarias para establecer un mecanismo de gesti√≥n y rendici√≥n de cuentas; y dise√Īar e implementar programas de formaci√≥n y capacitaci√≥n dirigidos a todos los miembros de los cuerpos de seguridad e inteligencia federales".

La CIDH también recomienda tomar "medidas para que los jueces y fiscales a cargo de las investigaciones vinculadas con el atentado a la AMIA puedan contar con toda la información relevante para conocer la verdad y juzgar y sancionar a los responsables".

Aconseja al Estado "tomar medidas para fortalecer las capacidades del Estado en materia de prevención de ataques terroristas que constituyan actos discriminatorios".


Compartir nota en las redes sociales Enviar Imprimir

Dejanos tu comentario