Buenos Aires, 9 de marzo de 2021. Después de una lucha de décadas, de un debate parlamentario histórico, de una manifiesta promesa de campaña y de tantos pañuelos verdes que quedaron amarrados a las mochilas y muñecas tras la derrota de 2018, la interrupción voluntaria del embarazo es hoy legal en la Argentina. 

Según la ley 27.610, promulgada el último enero, las mujeres y personas gestantes pueden abortar de forma voluntaria dentro del sistema de salud hasta la semana 14 de gestación. También dice la norma que los servicios públicos de salud de todo el país, obras sociales y prepagas tienen que incorporar la cobertura integral y gratuita de esta práctica dentro de los diez días de solicitada, así como que quienes decidan interrumpir su embarazo no necesitan dar ahora explicaciones: solo hace falta firmar un consentimiento informado. 

El aborto salió de la clandestinidad en la Argentina. Pero la realidad no es cambiada por las leyes de la noche a la mañana, y por eso la batalla para que la ley se ponga en práctica continúa vigente, también en el territorio porteño. 

La ciudad cuenta con 44 Cesacs (centros de salud y acción comunitaria) donde desde hace cerca de seis años comenzaron a funcionar las consejerías de salud sexual. Estas consejerías las llevan adelante en general equipos interdisciplinarios –de psicólogas, trabajadoras sociales y médicas de distintas especialidades– a los que es posible acudir para obtener información sobre el cuerpo, los métodos anticonceptivos y la toma de decisiones. En ciertos hospitales, como el Álvarez o el Santojanni, estos espacios funcionan desde hace más de doce años. En esos ámbitos, antes de la ley, se realizaba la ILE (interrupción legal del embarazo), la posibilidad de abortar por causales como violación o riesgo en la salud integral de la mujer, y que hoy han mutado su nombre a IVE (interrupción voluntaria del embarazo). 

“Hay centros de salud y hospitales que ya venían trabajando en ILE, y entonces tienen más tiempo de recorrido. Lo que cambia la ley es que nos libera a los profesionales de indagar en las causales invocadas y poner con eso en tela de juicio la decisión de la mujer”, empieza a explicar Viviana Mazur, médica generalista del Cesac 7 y responsable de Acceso a Interrupción Legal del Embarazo en la Coordinación Salud Sexual, SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual de la ciudad. Y prosigue: “Eso no solo nos ahorra una parte muy desagradable de la tarea, sino que nos facilita la posibilidad de conversar sobre otras cuestiones que ya no tienen que ver con los motivos, sino con el cuidado de la salud”. De acuerdo a la especialista, desde que el aborto es ley aumentó la cantidad de consultas de mujeres que antes, probablemente, hubieran recurrido al sistema clandestino. 

Las mujeres que quieran interrumpir su embarazo pueden acudir directamente a los hospitales públicos y Cesacs u obtener información en el 0800 222 3444, del Ministerio de Salud de la Nación. La ley aún no está reglamentada, pero eso no impide que se cumpla. Las obras sociales y prepagas deben cubrir la práctica a sus afiliadas, aunque, según Mazur, la respuesta de los privados es todavía irregular. “Algunos organizan la atención mejor que otros”, dice y aclara que, si bien en ciertos establecimientos sigue habiendo obstrucciones, “predomina la preocupación por dar respuesta”. 

En la ciudad el Área de Salud Sexual y reproductiva garantiza misoprostol para todos los centros de salud y hospitales porteños. Y las obras sociales deben brindarlo también en forma gratuita. “La reglamentación va a colaborar en ese sentido porque va a dejar en claro que la cobertura tiene que ser del cien por ciento”, concluye Mazur.

Karina Cammarota es psicóloga, trabaja en la consejería del Cesac 34 de Paternal y advierte que si bien la norma transformó el trabajo, “tampoco una ley cambia los pensamientos de la gente”. Y explica por qué: “Por un lado, porque siguen existiendo muchos objetores, pero además porque para algunas mujeres aparece el peso de que están haciendo algo que no está bien, o tienen miedo de que si abortan no van a poder ser madres de nuevo, cosa que no es cierta. Por eso las consejerías siguen teniendo sentido: porque son decisiones difíciles y siempre es mejor que las mujeres estén acompañadas”. 

Hasta la semana 12 las interrupciones se realizan generalmente en domicilio (con misoprostol), pero luego de ese período es necesaria la internación en hospitalaria, donde surgen problemas. “Se ven desde enfermeras que les dicen a las pacientes ‘cómo hiciste algo así’ hasta médicos o anestesistas que son objetores. No hay en los hospitales muchos equipos enteros que trabajen IVE”, revela Regina Daniel, médica generalista del Cesac 35, ubicado en el barrio 21-24. “A veces también tenés que estar buscando dónde hacer una ecografía, porque faltan ecógrafos y porque en algunos casos los profesionales, sin consulta previa, hacen escuchar los latidos y eso angustia a las mujeres que decidieron interrumpir”, cuenta y reflexiona: “Tenemos que seguir trabajando en la idea de que el aborto es ley”. 

Cammarota coincide: “Me parece que existe una tensión entre lo legal y lo legítimo: son años de pensar a la maternidad como el destino de las mujeres, y eso sigue teniendo sus efectos. Hoy hace falta consolidar la idea de que las mujeres tienen el derecho de decidir. Y que, al menos en el primer trimestre, ahora pueden decir: ‘Yo no quiero’”. 

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