Buenos Aires, 3 de marzo de 2020. Los parquimetros (estacionamiento regulado) aumentan y se extienden por toda la Ciudad de Buenos Aires. Para el Gobierno es una forma de ordenar el tránsito. Vecinos y entidades vecinales ven que hay fines recaudatorios, a costa del bolsillo ciudadano y del mobiliario público.

El debate por la extensión de los parquímetros, de 4.000 actuales a más de 80.000, inició en 2018 cuando el Poder Ejecutivo porteño envió un proyecto de ley para ampliar los lugares tarifados. Se planteó el uso de 11 playas de acarreo (terrenos públicos), la Ciudad dividida en cinco zonas y tarifas progresivas en base a la cantidad de horas de estacionamiento.

Luego hubo un largo litigio judicial por la forma en que se aprobó: primero se votó con mayoría simple (31 de los 60 votos parlamentarios) y la no realización de una audiencia púbica. Más tarde la Proto Comuna Caballito cuestionó la cesión de las tierras públicas para el acarreo, por lo que el oficialismo Vamos Juntos elaboró y aprobó otro proyecto que aclaraba que los lotes iban a ser usados por las empresas pero que seguían siendo estatales. 

En el medio, el Gobierno buscó nuevas empresas para operar en las cinco zonas. Históricamente operan Dakota y SEC, con contratos vencidos hace 20 años. Ahora Ciudad incluye a Plein Air Park (España) en las Comunas 12 y 13; NET (Rosario) en torno a Villa Lugano, Villa Luro y Villa Devoto. La zona que va de Caballito, Flores a Nueva Pompeya está en evaluación.

Otra novedad es que Ciudad quiere reemplazar las máquinas que emiten tickets en la vía pública por “terminales multipropósito”. Hizo una licitación internacional para instalar 2.000 y la ganó la empresa francesa Parkeon. Habilitaba el uso de SUBE, tarjetas de crédito y pagos digitales, a fin de sustituir la modalidad de monedas. Hasta el momento no fueron instaladas en la vía pública. 

Todo este proceso, con leyes, licitaciones, gasto público y políticas planificadas a largo plazo, ocurrió a lo largo de tres años, pero fue seguido por un grupo minúsculo de ciudadanos y entidades de diversa índole. Para el grueso de la población es algo inexistente, un rumor, una campaña del miedo. 

Los vecinos que sí están involucrados, se organizan y realizan encuentros para evaluar pasos a seguir, como presión pública y litigios judiciales. Al cierre de esta edición, hubo asambleas multitudinarias en la Asociación de Comerciantes de Villa Urquiza y en el Club Villa Luro.

En los encuentros, los vecinos activos dicen que al hablar con pares de su cuadra la mayoría expresa no estar al tanto de que los parquímetros pasarán de 4.000 a al menos 80.000. Lo escuchan como una fake news.

En los hechos, se organizan para participar el 20 de marzo al mediodía, cuando se haga en el Espacio Cultural Julián Centeya de San Cristóbal (San Juan y Loria) la audiencia pública para elevar la hora de parquímetro de $15 a $25 (en el verano de 2018 estaba $8). 

La audiencia original se iba a realizar el 7 de febrero, pero por un amparo de vecinos (entre ellos integrantes del Movimiento Comunero) y el Frente de Izquierda el juez Roberto Gallardo decidió suspenderla. Denunciaban irregularidades en el llamado. Esta suspensión fue vivida por las entidades barriales como una victoria, por eso en los encuentros antes citados se habló de la expectativa de que haya gran cantidad de ciudadanos y entidades el día 20 para mostrar el rechazo a la suba en parquímetros y la extensión a casi la mitad del suelo capitalino. 

El Gobierno porteño está convenido que hizo las cosas bien. La anteúltima semana de febrero, el secretario de Transporte de la Ciudad, Juan José Méndez, se reunió con vecinos en la Sede Comunal 13 (Núñez, Colegiales, Belgrano). Allí habló sobre iniciativas de Ciudad como los carteles digitales que adelantan la llegada de los colectivos o el uso de las Ecobici. 

Los vecinos presentes le consultaron sobre la extensión de los parquímetros y, según relataron, Méndez dijo que era una medida apropiada para ordenar el tránsito. Resaltó que la actual gestión liberó 22.000 nuevos sitios para estacionar al haber reducido el cordón amarillo en las esquinas. Que eso compensaba la extensión del estacionamiento tarifado. 

Durante la campaña electoral del 2019, los partidos de oposición se refirieron al tema, en particular el Frente de Todos, que prometió su derogación en caso de ganar la jefatura. Ahora, con el FDT como la segunda fuerza en la Legislatura (17 legisladores frente a 26 del oficialismo Vamos Juntos), la representante Lucía Cámpora presentó un proyecto para suspender la ampliación de los lugares tarifados. 

Algo del descontento que genera la medida es percibida en el Gobierno porteño. Por eso, recientemente, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que la extensión de los lugares tarifados puede ser menor a la legitimada por ley. Habló de alrededor de 80.000 lugares en vez de 86.000. Sin embargo, esto no colma a vecinos y entidades que debaten problemáticas urbanas, para quienes el tránsito colapsará ante la falta de lugar libes para estacionar, perjudicando a los residentes y a quienes habitan los barrios a diario por motivos laborales. Según su parecer, la convivencia empeorará, lejos de ordenarse según los planes oficiales del Gobierno local. 

Juan Castro

Compartir nota en las redes sociales Enviar Imprimir