Buenos Aires, 4 de febrero de 2020. Además de privatizar 473 hectáreas de tierra pública en doce años de gestión macrista (Ver nota “La ciudad en venta”, en nuestro número anterior) o realizar una masiva transferencia de bienes nacionales a la órbita porteña sin acuerdo parlamentario, el derecho al acceso a la vivienda digna consagrado en la constitución local, es letra muerta. Ninguna política pública apunta a resolver esa condición básica. Numerosas organizaciones sociales y agencias públicas se están movilizando al respecto, requiriendo la declaración de una “emergencia habitacional”, que comience a resolver los aspectos más críticos del problema.

En agosto pasado las organizaciones participantes de la Mesa de Diálogo de Alquileres convocada por el Ministerio Público de la Defensa, parte del Poder Judicial local, elaboraron un “Informe sobre la condición de ocupación de las viviendas en CABA (Septiembre 2018 - Mayo 2019)”. En el mismo se registró que más del 9,2% de las viviendas porteñas están vacías. Y concluían: “El análisis de los datos oficiales arroja que la construcción de inmuebles no está apuntada a la solución del amplio déficit habitacional porteño”. 

También mostraban la otra cara posible. “Mientras Buenos Aires permite que el acceso a la vivienda lo determine el mercado inmobiliario, en otras ciudades del mundo implementan medidas de regulación para proteger los derechos de la población. En Montevideo, los inmuebles que registran bajos consumos de agua y luz son considerados ociosos y tributan un adicional al impuesto inmobiliario. En Barcelona, el ayuntamiento expropió el derecho de uso de inmuebles vacíos para ponerlos en alquiler durante al menos diez años. Por otro lado, en Berlín y Andorra se congeló el precio de los alquileres para contener la constante expulsión. Por último, en Nueva York, el municipio tomó diversas medidas para promover la construcción de unidades en alquiler a precio tasado y tiene programas de congelamiento para familias de bajos salarios”.

 

No fueron los únicos. En noviembre la Defensoría del Pueblo, a cargo de Alejandro Amor, pidió a la Legislatura porteña que se declare la “emergencia habitacional” en la Ciudad por el término de dos años. El organismo presentó un proyecto de ley para suspender los desalojos y crear una mesa de trabajo en la que se evalúe el modo de terminar con la crisis habitacional.

En sus fundamentos, el Defensor del Pueblo se refiere a quienes viven en situaciones de hacinamiento o en viviendas que están en conflicto judicial por parte de quienes son los titulares de los inmuebles. Para Amor, “lo que está en juego es el derecho a la vivienda de miles de personas que como consecuencia de las sucesivas crisis económicas perdieron sus trabajos formales, pasaron a la informalidad o directamente no tienen empleo”.

 

Además de suspender los desalojos administrativos y/o judiciales por el término de un año de propiedades ubicadas en la Ciudad, Amor propuso el traspaso de los trámites de desalojo al fuero porteño, la participación obligatoria del Gobierno porteño en todas las subastas judiciales de inmuebles y la modificación del fondo “hábitat sustentable” y creación del programa de alojamiento transitorio directo a familias en situación de calle. 

 

La iniciativa, sin embargo, no encontró todavía eco en la mayoría oficialista. Por eso en este enero en que muchos se quedaron trabajando para resolver los problemas que afectan a las mayorías, el 15 se realizó el segundo encuentro de legisladores y organizaciones sociales para tratar de coordinar acciones que posibiliten el abordaje estatal de la emergencia habitacional.

 

Publicaba Página/12 al día siguiente: “Con el foco puesto en frenar los desalojos que amenazan con dejar a muchas familias en la calle, se realizó en la Legislatura porteña el segundo encuentro para debatir la emergencia habitacional en la Ciudad”. Durante la reunión, se debatieron los diversos aspectos de la problemática socio-habitacional y se buscó articular los diferentes proyectos existentes para declarar la emergencia en una ciudad donde el 38 por ciento de la población alquila, el 15 por ciento vive en villas y el 5 por ciento en hoteles e inquilinatos. Todo, mientras que 9,2 por ciento de las viviendas existentes permanecen vacías.

 

El problema no tiene una sola dimensión. El proceso de deterioro habitacional toma distintos formatos, algunos de ellos son el aumento de la población en villas y de la gente en situación de calle, el proceso de inquilinización, el incremento de las personas que viven en hoteles e inquilinatos, la dificultad de las familias para sostener el pago de un alquiler, la imposibilidad del acceso al crédito para la vivienda y el incumplimiento del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) de dar soluciones en materia de vivienda en casos de desalojos como establece la ley 341.

 

Problemas que tienen dos miradas posibles. O lo sigue resolviendo, como hasta ahora, el mercado y sólo el que dispone de recursos suficientes puede acceder a una vivienda digna, o se implementa una política pública que regule el espacio urbano en favor de asegurar a todos un piso de derechos, entre los que el del acceso a la vivienda es esencial. En febrero habrá un nuevo encuentro, que quizás pueda abrir la agenda legislativa a estos temas.

 

                                                                                                                       Santiago Pujol

 

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