Buenos Aires, 14 de mayo de 2019. No son "cosas que pasan". La inacción oficial encubre en los hechos el fraude laboral que existe detrás de la fachada de actividades montadas para proveer servicios, basadas en el trabajo precario encubierto de supuestos "colaboradores asociados", que deben facturar como monotributistas. Va en línea con la reforma laboral que impulsa el oficialismo, ahora bajo presión del FMI. Se quiere naturalizar la uberización del trabajo y para ello se utilizan todos los resortes del poder mediático y estatal. Hasta el punto que ahora reclaman los médicos, porque la ola también les llega.

En efecto, los médicos nucleados en el Sindicato Médico de la República Argentina (AMRA) repudiaron el gravísimo accionar que planea la empresa Rappi, en convenio con el laboratorio francés SANOFI, para precarizar las prestaciones de salud de los argentinos. Desde AMRA denunciaron que se está ante "un caso obsceno de precarización laboral", y alertan que "los pacientes estarán expuestos a situaciones de fraude". Además, invitan al resto de las organizaciones médicas a enfrentar esta grave problemática.

Explican. "Hace casi un año, Rappi, de origen colombiano, anunció un convenio con el gigante biofarmacéutico francés SANOFI para ofrecer servicios de asistencia en América Latina. En principio, repartirán productos de atención médica de venta libre. Pero en una segunda etapa quieren sumar otros servicios como "suscripciones para medicamentos recetados, interacciones en tiempo real con proveedores médicos y visitas de médicos a domicilio". Rappi lo va anunciar como una "revolución del mercado del cuidado de la salud", tal como lo hizo recientemente en Colombia. Pero la plataforma no se reconoce como empleador y comete fraude laboral. 

Dicen en AMRA: "Esta brutal novedad no nos extraña, ya que nuestra organización gremial sostiene desde hace muchos años que el sector de la salud pública carece de una política de Estado ya que sólo se tiende a articular respuestas ante la enfermedad", con una mezcla de prestadores en un "marco de anomia, es decir, una carencia total de normativas", aseguran desde la organización gremial médica. 

Esta falta de reglas es lo que quieren aprovechar con la app. "La plataforma Rappi, que no se reconoce como empleador y comete fraude, es una empresa que se beneficia a costa de la hiper-precarización de los trabajadores y con su insensibilidad ponen en riesgo la salud de una sociedad. Esto es posible gracias a que reina la falta de regulación estatal y la falta de control por parte de los órganos de regulación, como también por los cómplices que permiten que esto suceda", dice AMRA.

Rappi, Glovo y PedidosYa, como Uber, no se hacen cargo de la protección de los trabajadores. Son empresas que dicen hacer de "nexo" entre el usuario y el prestador del servicio, que consideran "colaboradores" o "asociados" independientes, sin derechos laborales. Desde la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios reafirman que el Secretario de Transporte de CABA ´Juanjo´ Méndez protege a las empresas de delivery, por indicación de Larreta, para que funcionen fuera de la Ley. Algo similar también realiza el Subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio (GCBA) Ezequiel Jarvis, aseguran. Tanto que, cuando el juez Gallardo ordena suspender su actividad hasta que las empresas cumplan con el Código de Tránsito, el gobierno apela la medida y envía un proyecto para reformar la ley 5526 que regula su actividad y Gallardo quiere hacer cumplir. 

Movilizados, los trabajadores de las plataformas de delivery se manifestaron frente al edificio del Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires, donde mantuvieron una reunión con autoridades para reclamar la "regularización" de su situación laboral y "seguridad en las calles", que ya se ha cobrado varias muertes y accidentes graves. Al finalizar, Gustavo Aquino, trabajador de "Pedidos Ya" y delegado gremial, señaló que el reclamo también busca "que los monotributistas pasen a estar en relación de dependencia". "Queremos que estén en blanco, porque estas empresas no se hacen cargo cuando los compañeros mueren por accidentes en la calle", indicó Aquino.

El 30 de abril la justicia porteña resolvió ampliar la cautelar para la efectiva suspensión de su actividad en la Ciudad. El titular del juzgado n° 15 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Víctor Trionfetti resolvió pedir informes a la Jefatura del Gabinete de Ministros porteño para que "informe de manera detallada y en el plazo de 20 días, cuáles han sido las medidas concretas adoptadas por la Administración destinadas a hacer efectiva la medida cautelar dictada en fecha 13/04/2016 -que se encuentra firme-, por la que ordenó al GCBA "… que de modo inmediato arbitre las medidas necesarias para suspender cualquier actividad que desarrolle la empresa UBER o cualquier sociedad bajo ese nombre, razón social y tipo de actividad descripta en la Ciudad hasta tanto se dicte sentencia definitiva". Esto es debido a que no se hizo nada para frenar a Uber, ni aún ante una orden judicial que los funcionarios públicos tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir.

Santiago Pujol

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