Buenos Aires, 19 de marzo de 2019. El 3 de este mes se publicaba en el portal español El Confidencial la nota del corresponsal Pablo López Vigo en la que se anunciaba que "se confirman las sospechas de malversación en el Centro Gallego de Buenos Aires", las que aseguraban que habían sido "ratificadas por el Embajada española en Argentina.

La historia de este lento naufragio comenzó a acelerarse des que se hizo cargo de su gestión "un interventor judicial nombrado en 2016 para sanear su economía. Por supuesto, eso no solo no ha ocurrido, sino que las relaciones con las agrupaciones de socios se han deteriorado de forma notable, ahora dirimidas en los juzgados", afirma el autor de esa nota.

Y agrega: "La Embajada de España en Argentina tiene conocimiento de ese clima de crispación y desconfianza. Confirma que las agrupaciones de socios han presentado "varias" denuncias penales contra el interventor, Martín Moyano Barro, tanto por "malversación" como "por actuaciones que podrían calificarse como desmantelamiento". Son cargos que avanzan "muy lentamente", y que fueron replicados por Moyano con denuncias por calumnias a los acusadores. Pero la Embajada no tiene intención de intervenir. "Evidentemente, no tiene margen alguno de intervención en esto".

El mismo cuestionado interventor ha prometido que en marzo es posible que finalmente se concrete alguna propuesta de inversión, para la compra o el gerenciamiento, tantas veces prometida pero nunca materializada. También el presidente electo pero no asumido del Centro Gallego, Ramón Suárez, coincide en que marzo será un mes decisivo "para bien o para mal", dice, "porque la entidad no resiste más dilaciones".

De los 120.000 socios que hicieron de él la entidad más importante del mundo de estas características solo quedan 4.000, mientras la galopante deuda se ha disparado hasta una cantidad que bordea los 80 millones de dólares. En septiembre del pasado año, los socios apoyaron mayoritariamente a la candidatura de la Agrupación A Terra, que apuesta por deshacerse del inmueble de forma urgente como única solución a la agonía. Habían iniciado conversaciones para ejercer la venta al gigante español de la sanidad privada Ribera Salud, en alianza con la Fundación Favaloro, pero la operación se ha visto frustrada, entre otras razones por el propio proceso de quiebra que enfrenta la Fundación Favaloro.

Suárez advierte que él nunca pudo tomar contacto con referentes del Grupo Rivera Salud, corporación, que según rumores, estaba firmemente interesada en comprar el Centro. Con quien sí se pudo contactar y conversar, el pasado mes de diciembre, explica, fue con "un grupo Inversor Olmos", que se originó como gerenciador de obras sociales en Mendoza y ahora además es propietario del Grupo Crónica, que acercó una propuesta de gerenciamiento de la entidad. Pero hasta el este momento no hubo ninguna novedad.

Como consignaba el periódico Crónicas de la Emigración "tras reuniones con representantes de los socios del Centro; con él (por Suárez) y con el Interventor judicial, el ansiado acuerdo parecía al alcance de la mano. Sin embargo, en el último momento, un llamado de alguna alta esfera del gobierno nacional habría ordenado aplazar la operación, contó Suárez".

El nuevo compás de espera, se abrió con la promesa –añadió Suárez– de que el gobierno argentino habría de aportar los recursos para pagar el sueldo a los empleados del centro, unos 400 trabajadores que ya llevan más de 10 meses sin cobrar pero que persisten en sus puestos de trabajo con la esperanza de mantener el empleo si se concreta finalmente una operación de venta o de gerenciamiento de la entidad.

La promesa del Gobierno llegó tarde y mal, dijo el directivo, porque de los 10 millones prometidos solo llegaron 3; lo que ocasionó que el sindicato de los trabajadores de la Sanidad tomara el hospital en señal de protesta. Los fondos procedentes de PAMI alcanzaron para pagar 6.200 pesos a cada empleado en actividad y la toma se levantó, indicó Suárez.

Sin embargo, para los trabajadores que se acogieron al plan de retiro voluntario (unos 800) no hubo nada. Y, entonces, fueron ellos los que tomaron las instalaciones nuevamente en protesta por el incumplimiento de compromisos. Esta es sólo una de las dimensiones dolorosas del vaciamiento del Centro Gallego.

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