Buenos Aires, 20 de noviembre de 2018. Tras más de tres años de debate y casi quince de espera, los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA supieron en las últimas horas que antes de fin de año habrá sentencia en el juicio oral y público que evalúa las responsabilidades del ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia; el ex titular de la DAIA Rubén Beraja y funcionarios de la ex SIDE, entre otros, en el encubrimiento de la explosión que mató a 85 personas en julio de 1994.

Los alegatos en el juicio por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA concluyeron la semana pasada con la última presentación de las defensas ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, que investiga a 13 acusados por ocultar o desviar información en la investigación del ataque terrorista que causó 85 muertos el 18 de julio de 1994.

Concluida esta etapa del juicio, comenzarán las réplicas de cada parte, que estarán restringidas en cuanto a temas y duración. El Tribunal Oral Federal 2 anunció la última etapa del juicio oral a partir de esta semana y luego llegará el momento de la sentencia. 

Además de Beraja, aguardarán una condena el ex presidente Carlos Menem, Hugo Anzorreguy; el ex juez Juan José Galeano, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia; los ex agentes de la SIDE Patricio Finnen y Carlos Anchezar; los ex policías Jorge “Fino” Palacios y Carlos Castañeda, entre otros.

La última en exponer su alegato fue la abogada de Rubén Beraja, ex presidente de la DAIA, quien realizó fuertes críticas a los jueces que llevaron adelante el juicio por el atentado, entre 2001 y 2004 y declaró nula la investigación del ex juez Juan José Galeano. "El tribunal nunca estuvo a la altura de las circunstancias de la causa que estaban investigando", afirmó Valeria Corbacho, abogada de Beraja, según informó la agrupación de familiares de víctimas del atentado, Memoria Activa, a través de un comunicado.

En cambio, para la querella de Memoria Activa, una de las tres agrupaciones de familiares que participaron del proceso, las defensas "no pudieron desvirtuar" ninguna acusación con lo cual al Tribunal Oral Federal 2 no le queda más que emitir condenas. Sin embargo, advirtieron que hay algo que les preocupa: que "las presiones del Gobierno que llegaron a la querella del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que derivó en el despido de su equipo de abogados, el escándalo, la renuncia y la denuncia penal de (el ex titular de la Unidad AMIA) Mario Cimadevilla lleguen al tribunal", sostuvo el abogado Rodrigo Borda, en representación de Memoria Activa. 

Al respecto se conoció una carta abierta que la entidad dirigió al presidente Macri. La misma dice: "Los familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA nucleados en la Asociación Civil Memoria Activa decimos basta de impunidad. Tal como ya le informamos el año pasado en una carta abierta, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, ha faltado a su responsabilidad de trabajar por la verdad y la justicia en el caso AMIA y es por eso que hemos enviado un informe a la Comisión de la Cámara de Diputados a cargo del proceso de apertura de juicio político contra el Ministro, impulsado por la Coalición Cívica-ARI.

Garavano ha contribuido con el encubrimiento del ataque terrorista con un escandaloso intento de salvar a imputados por irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA, quienes están siendo juzgados en un juicio oral y público. El Estado argentino es querellante en la causa encubrimiento a través del Ministerio de Justicia y desde allí, con presiones a los abogados que trabajaban en el caso y con un desprolijo cambio de alegato a último momento, Garavano ordenó pedir la absolución de sus amigos los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia..

Frente a esta maniobra irregular, el ya removido titular de la Unidad AMIA (Ministerio de Justicia), Mario Cimadevilla, denunció penalmente al Ministro por encubrimiento, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y cohecho. El intento de obstaculizar la búsqueda de justicia implica una clara falta a las obligaciones de Garavano así como una violación a los compromisos asumidos por el Estado Argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su obligación de buscar la verdad e investigar a los responsables del atentado y a sus encubridores.

A casi veinticinco años del peor ataque perpetrado en nuestro país y frente a un claro mensaje político enviado por Garavano a los jueces de la causa de suma gravedad, exigimos a las instituciones democráticas estén a la altura de las circunstancias y se hagan cargo, de una vez por todas, de garantizar nuestro derecho a la verdad y a la justicia", culmina la misiva.

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