Buenos Aires, 25 de octubre de 2022. Frente a la decisión manifiesta del gobierno porteño de excluir la participación ciudadana de la reunión del Grupo de Liderazgo Climático conocido como C40, constituido por un grupo de ciudades que aúnan esfuerzos para reducir las emisiones de carbono en la atmósfera y adaptarse al cambio climático, que tuvo a Buenos Aires como sede la semana pasada, organizaciones socioambientales realizaron una masiva Cumbre Ciudadana en el auditorio de ATE Nacional.

El evento, impulsado por “El Movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos” (integrado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, Unidad Popular y el Frente Territorial Salvador Herrera), fue moderado por el economista Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular, quien abrió el encuentro planteando que “frente al marketing del gobierno de la Ciudad y el slogan BA Verde, quienes estamos reunidos acá decimos BA S.O.S, porque Buenos Aires está en Emergencia Ambiental, Habitacional y Urbanística”.

Planteó además que nada es “más lejano para mitigar los efectos del cambio climático que la cementación creciente, la pérdida del arbolado, la privatización de los espacios verdes. Todo resultado de la decisión de subordinar la planificación y el uso del suelo a la venta sistemática de tierra pública como modo de alimentar la especulación inmobiliaria y la apropiación de extraordinarias ganancias por parte del capital financiero e inmobiliario”.

Luego llegó la Presentación del Informe crítico al Plan de Acción Climática 2050 de la Ciudad a cargo de María Eva Koutsovitis, Ingeniera Civil coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC) y fundadora del Movimiento la Ciudad Somos quienes la Habitamos, quien contrastó los objetivos del Plan con su aplicación concreta.

“El Plan de Acción habla de más y mejores espacios verdes, mientras la Ciudad de Buenos Aires es una de las capitales del mundo con menos espacios verdes y en las villas porteñas la cantidad de m2 por habitante es 100 veces menor a lo recomendado”, “el Plan habla de una Ciudad innovadora preparada para tormentas pero el GCBA avanza con el negocio de las megaobras obsoletas e ineficientes para el actual régimen de precipitaciones, con la cementación de la costanera con emprendimientos inmobiliarios suntuosos, transformando los pulmones de manzana en estacionamiento de autos y no tiene Plan de Contingencia para inundaciones”, “el Plan habla de una Ciudad que integra barrios, pero 140 mil porteños almacenan agua en baldes y tachos y 400 mil no acceden formalmente al agua potable”, advirtió Koutsovitis, quien aseguró que Buenos Aires llega a ser sede del C40 por el marketing ambiental.

“Al zanjón con agua de napas contaminadas en el Parque Saavedra el GCBA lo anunció como la regeneración del arroyo Medrano, los 300 metros de maceteros y canteros en la calle Castro fueron promocionados como el proyecto de calles verdes y los paneles solares que instalaron en Barrio Mugica nunca funcionaron». Y por último planteó que “visibilizar la emergencia ambiental, habitacional y urbanística que atraviesa nuestra ciudad nos va a permitir construir esa nueva urbanidad que necesitamos para habitar nuestra ciudad en igualdad de condiciones”.

El abogado Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, comenzó su intervención preguntando en qué estado está la Ciudad para afrontar la crisis climática, para luego demostrar las inconsistencias del Plan de Acción Climática 2050. “No hay indicadores para controlarlo, no hay plazos concretos, no hay detalles del presupuesto que se va a destinar, no se sabe cómo se va a financiar y tampoco está reglamentada la participación ciudadana”, aseguró Baldiviezo, quien esta misma semana patrocinó un amparo colectivo ambiental para cuestionarlo judicialmente.

Tras la presentación del Informe Crítico, llegó el turno de los paneles. En el primero de ellos, la Ingeniera química Belén Silva, investigadora y comunicadora en temáticas ambientales, detalló el estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta que elaboró el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, entidad que reúne a expertos internacionales en el tema.

La Licenciada en Nutrición Andrea Graciano, Maestranda en Salud Pública, Docente e Investigadora Categorizada de la UBA, analizó el impacto del actual modelo de producción de alimentos con relación al cambio climático.

El arquitecto Rodolfo Carretero, especialista en gestión de organizaciones sociales con múltiples experiencias en la gremial empresaria del desarrollo urbano y en la gestión pública, y Mauricio Corbalán, socio fundador de m7red y Premio Prins Claus en Arquitectura y Urbanismo 2020, reflexionaron sobre el actual modelo de desarrollo urbano.

El Licenciado Ariel Slipak, Economista, Docente Universitario, Coordinador del Área de Investigación de FARN, planteó en el marco de la necesidad de la transición energética sus costos, el qué, el cómo y el para quien y denunció los subsidios millonarios destinados al estractivismo hidrocarburífero.

En el segundo panel, el especialista en políticas de desarrollo sostenible y cambio climático Rodrigo Rodríguez Torquist, ex secretario nacional de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación (2020-2021) y Subsecretario de Conocimiento para el Desarrollo (2022), alertó sobre la gravedad del problema ecológico y describió un escenario crítico post pandemia.

La Arquitecta María José Leveratto analizó el peso que tienen los edificios que se construyen actualmente en la producción de gases de efecto invernadero y ponderó la necesidad de apostar a la recuperación y puesta en valor patrimonial.

La legisladora porteña Laura Velasco, presidenta de la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social de la Legislatura, criticó las políticas del gobierno de la Ciudad respecto al tema gestión de residuos, donde “se gastan siete veces más en enterrar basura que en separar y reciclar”, e indicó que hay leyes importantes como la Ley de Basura Cero que no se cumplen además de alertar respecto al déficits de espacios verdes en la Ciudad.

El licenciado en diseño del Paisaje Fabio Márquez, director de la Comisión de Participación Social de ACUMAR, resaltó la importancia y la necesidad de la participación ciudadana. “Cualquier política ambiental deben tener una participación social activa, es decir, que instancias donde la ciudadanía pueda incidir en las decisiones”, indicó.

Por último, se realizó una asamblea de colectivos socio-ambientales de la que participaron referentes de la asamblea de inundados de La Plata, de la asamblea No al Parque Lineal en Honorio Pueyrredón, de la Asamblea de Saavedra, Basta de Mutilar, Asamblea de Barrios Históricos Vivos, Promotorxs Ambientales de Villa 20, el Frente Salvador Herrera de la CTA Capital, entre otros.

En los últimos 13 años, la Ciudad privatizó más 500 hectáreas de tierras públicas, de las cuales 150 eran superficies verdes públicas. Los datos oficiales revelan que los valores medios de superficie verde por habitante en la Ciudad de Buenos Aires (6 m2) se encuentran muy por debajo de los estándares internacionales recomendados (entre 10 y 15 m2).

Sin considerar cementerios, plazoletas secas, bulevares, jardines verticales y otras categorías similares, la cifra real es de 4,7 m2 por habitante. Demás esta decir que este indicador ambiental no se distribuye de manera uniforme en el territorio: en los barrios populares estos valores son 100 veces menores a los recomendados. Por ejemplo, en Balvanera y San Cristóbal (comuna 3) y Almagro-Boedo (Comuna 5) cuentan con 0,4 y 0,2 m2 por habitante respectivamente. El promedio de arbolado público por habitante es inferior a la mitad de lo recomendado por la OMS.

Y como si no faltaran zonas verdes en la Ciudad, en diciembre de 2021 la Legislatura porteña aprobó un proyecto de rezonificación de Costa Salguero que permitirá la construcción de diez edificios que podrán alcanzar una altura máxima de 29 metros, contarán con calles internas y un espacio público que los llevará hasta la ribera. Es decir, el primer barrio privado náutico del distrito capitalino.

Durante la misma sesión, el oficialismo que responde al Ejecutivo también habilitó la edificación de 11 nuevas torres en diferentes barrios, una “regularización” de obras ya terminadas y el convenio celebrado entre el gobierno local y la empresa IRSA S.A para avanzar con el desarrollo de un mega complejo urbanístico, habitacional y comercial en terrenos de la Costanera Sur (ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors).

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