Buenos Aires, 3 de mayo de 2022. Al inaugurar el nuevo periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura el 1º de marzo, Horacio Rodríguez Larreta anticipó la voluntad de su gobierno de promover una reforma de la norma que creó el Estatuto del Docente porteño (Ordenanza N°40593 y sus modificatorias). Anticipó que se trataría de un proyecto de "Fortalecimiento de la Carrera Docente" y algunos de sus lineamientos básicos. La propuesta de hacer esa reforma no había sido adelantada a los trabajadores ni a la sociedad, que ignoraban todo sobre los propósitos de la medida, más allá del título que se le había puesto.

Dos días después, el proyecto ingresó a la Legislatura porteña, presentado por la diputada Manuela Thourte, de UCR-Evolución, que integra el interbloque oficialista Juntos por el Cambio (JxC). Recién un mes más tarde, el 5 de abril, la comisión de Educación de la Legislatura porteña inició su análisis con una reunión a la que acudieron referentes de los gremios, a esa altura ya anoticiados de lo que se proponía. 

En la ciudad hay muchas organizaciones sindicales docentes. Cerca de una veintena. Pero, con matices, la opinión de los representantes gremiales es pareja. Rechazan la reforma propuesta porque "no resuelve las condiciones de trabajo" y "no se sabe cómo se implementará", al tiempo que lo definieron como una "profunda reforma laboral".

Por caso, Angélica Graciano, secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), la mayor de las organizaciones sindicales, dijo durante la reunión que "los nuevos puestos de trabajo" que propone el Gobierno porteño con la reforma "no son los que se necesitan". Además, sostuvo que la reforma propuesta a la "estructura organizativa no se discutió con los trabajadores" y "no resuelve las condiciones de trabajo" por las cuales, actualmente, un docente "debe tener dos o tres cargos para llegar a fin de mes".

Graciano consideró también que, en vez de reformar el Estatuto, es necesario debatir y elaborar una ley de financiamiento educativo "para que haya vacantes" y se mejore la "infraestructura" de las escuelas. Temas que el proyecto oficialista no considera. Y añadió que la Ciudad tiene una "deuda" con los trabajadores de la educación: una "ley de paritarias para no tener que discutir nuestros salarios en la Legislatura".

Por su parte, Karina Costaguta, secretaria general de la Unión Argentina de Maestros y Profesores (Camyp) dijo que el nuevo Estatuto tiene "muchos grises" y "no se sabe cómo va a implementarse", además de advertir que su reglamentación "va a bajar por decreto". Luego, dijo estar de acuerdo con "pensar una carrera horizontal", pero agregó que para eso no es necesario reformar el Estatuto, ya que alcanzaría con "modificar dos artículos del vigente", propuesta que ya fue hecha por Camyp.

A su turno, Mariana Scayola, de la Asociación Docente Ademys, definió al nuevo Estatuto como una "profunda reforma laboral" que "no toma en cuenta las necesidades organizativas de las escuelas" e "introduce diferenciación salarial por capacitación", al tiempo que "mantiene como punto de partida un salario que se encuentra entre la línea de indigencia y de pobreza".

Scayola apuntó que tanto en el actual estatuto como en el nuevo, las capacitaciones "son un negocio porque están privatizadas", lo que fue "promovido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", y agregó que los cursos son pagos y deben hacerse "fuera del horario de trabajo". "Las docentes invertimos en cursos para conseguir estabilidad laboral", remarcó.

Desde la cartera educativa a cargo de Soledad Acuña, justificaron los cambios y afirmaron que son en pos de avanzar sobre la posibilidad de contar con roles o funciones que reconozcan la experiencia y el saber acumulado por los docentes que no desean pasar a desempeñar cargos de conducción y de supervisión, pero que están en condiciones de asumir otro tipo de responsabilidades que complementan y apoyan la tarea de la enseñanza".

"Se piensa en una trayectoria docente que, a través de la formación continua, permita el acceso a estas funciones diferenciadas con el objetivo de mejorar la práctica docente a través de diversos incentivos que incluya, formación específica, posibilidad de desempeñarse en funciones vinculadas al aula y reconocimiento salarial específico", agregaron.

Expertos en el tema laboral opinan que no sólo los docentes carecen de paritaria donde discutir su salario con el Estado empleador, sino que no pueden negociar en paridad sus condiciones de trabajo, porque el Estatuto que las regula no resulta de un convenio paritario como tienen la mayoría de los trabajadores sindicalizados, sino de una ley que cualquier oficialismo circunstancial puede modificar y derogar. Con el agregado que, siendo trabajadores del Estado, tampoco pueden acceder al Fuero en lo Laboral para reclamar ante la justicia por sus derechos, estando limitados al Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario.  

Esta incluso es una situación peor que la de otros profesionales que trabajan en el Estado porteño, porque los trabajadores de la salud, por caso, si tienen paritarias en las que se negocian salarios y condiciones de trabajo y cuyos acuerdos se plasman en convenios colectivos de trabajo, que sólo pueden modificarse por acuerdo de ambas partes. 

Santiago Pujol

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