Buenos Aires, 10 de agosto de 2021. En la ciudad de Buenos Aires la disputa por el espacio público se instala con una fuerza inusitada, y los grandes terrenos todavía disponibles parecen ser los protagonistas. Repasemos: con el proyecto para construir un complejo de viviendas en los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco aún frenado en la justicia (después de una audiencia pública multitudinaria y mayormente contraria a ese desarrollo), el gobierno porteño sigue impulsando en la Legislatura un plan para transformar esa porción de costa en el próximo “barrio joven” de la ciudad. Y mientras en Caballito los vecinos continúan dando pelea para evitar que arranque el megaemprendimiento inmobiliario “Ciudad Palmera” (también frenado por una cautelar) y los habitantes de Colegiales organizan abrazos simbólicos para impedir que un playón ferroviario de siete hectáreas se convierta en torres en vez de parque público, un nuevo frente se abre en torno a un predio de 70 hectáreas en Costanera Sur: ahí se ubica el terreno donde alguna vez se proyectaba la Ciudad Deportiva de Boca, y ahí mismo la desarrolladora IRSA pretende levantar “Costa Urbana”, conglomerado de edificios que se presenta como continuación de Puerto Madero. 

“La Legislatura de la Ciudad está viviendo uno de sus momentos más polémicos en 25 años de historia”, asegura el presidente de la Asociación Amigos del Lago de Palermo, Osvaldo Guerrica Echevarría, quien denuncia que en el caso de Costa Urbana se ha obviado la instancia obligatoria de una Evaluación de Impacto Ambiental, paso clave si se tiene en cuenta que el proyecto se encuentra contiguo a la Reserva Ecológica Costanera Sur. Por lo pronto, diferentes colectivos vienen trabajando en proyectos alternativos para que el terreno se expropie y se cree allí un área verde y completamente pública.

“Es impresionante lo rápido que van. Ni de vacaciones podés irte, porque el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta presenta otro proyecto”, señala María José Leveratto, integrante del Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas. “En vez de vender terrenos la ciudad debería estar comprándolos”, advierte. “Es importante que el Estado cuente con un stock de tierra que le ayude a fijar los precios, pero también disponer espacio en el caso de que quiera crear parques, una nueva escuela o un hospital”, reflexiona.  

Pablo Güiraldes, especialista en Diseño y Desarrollo Urbano, tiene una opinión diferente: “Cuando hablamos de grandes terrenos, como el Tiro Federal o Costa Salguero, la idea de que un 65 por ciento de esas tierras tengan que quedar como espacio público es un buen porcentaje. Y a cambio, el Estado recibe un dinero para llevar adelante otras políticas”, analiza. “Pero no es una regla fija, habrá que ver en cada caso cuál es la mejor opción. Y que los vecinos se movilicen para conseguir un parque en determinado lugar me parece perfectamente legítimo, como ocurrió con la emblemática Manzana 66”, dice recordando el caso del predio de la calle Jujuy, donde la lucha de un puñado de habitantes de Balvanera consiguió que se creara una plaza en vez de un estadio para 18 mil personas. 

Sobre la costa porteña, Güiraldes observa que si nada se construye ahí, entonces estamos impidiendo que Buenos Aires se acerque al río. “Vengo siguiendo el desarrollo de frentes ribereños de diferentes ciudades del mundo, y la mayoría hace una combinación -marca el arquitecto-. No solamente porque se pretenda obtener dinero para el Estado, sino por la sencilla razón de que para activar un frente costero está bien que se prevean usos diarios y continuos, porque es eso lo que permite aumentar la presencia de gente”. 

En paralelo, las últimas semanas fueron escenario de otra discusión cuando el jefe de Gobierno envió a la Legislatura un proyecto para “actualizar lineamientos” de la ley 3.999 de Catastro de la Ciudad. En el articulado aparecían dos definiciones que alarmaron a la oposición: “conjunto inmobiliario” y “propiedad horizontal especial”, las figuras con las que el Código Civil nacional define a los barrios cerrados y cuya construcción en el ámbito de la CABA está explícitamente prohibida por el Código Urbanístico. El Ejecutivo eliminó esas figuras del proyecto que terminó votándose, aunque sin prohibir en forma expresa su construcción, como lo reclamaba el bloque opositor. Integrantes oficialistas de la comisión de Planeamiento Urbano fueron consultados al respecto por esta cronista, pero ninguno de ellos respondió a las preguntas. 

“Lo que no se prohíbe se permite. Lo que estamos viendo es un modus operandi muy claro: desde el gobierno arman primero el andamiaje legal que luego los habilita a llegar a donde quieren. Y como tienen mayoría en la Legislatura, en muchos casos lo logran”, expresa Leveratto. Y concluye: “La conciencia de que faltan espacios verdes está instalada en la ciudadanía, que al mismo tiempo nota que comprar o alquilar se hace cada vez más difícil. Me parece que eso es lo que hay que dejar en claro ante la sociedad. Por ahí va un poco la cosa”. 

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