Buenos Aires, 10 de julio de 2018. La oficina de Desarrollo Social donde se gestionan y entregan los subsidios habitacionales a personas en riesgo de perder su techo, cerró sus puertas el lunes 18 de junio aduciendo falta de fondos. El viernes previo quienes reclamaban por la entrega irregular de los subsidios, familias amenazadas con quedar en la calle, fueron brutalmente reprimidos, tal como consignamos en nuestra edición web del 19 de junio.  

Para recreación de perros hay dinero. Para evitar que familias pobres duerman a la intemperie en invierno, no. Es la escala de valores que exhibe Larreta en su gestión. No son dichos. Son hechos y ambos sucedieron en apenas algunos días. Es cierto que no se puede reducir toda la gestión de una ciudad como Buenos Aires a dos episodios puntuales. La verdad nunca viene en blanco y negro. Existen los grises, también. Pero el accionar de la nueva Policía de la Ciudad contra las personas que reclaman por sus derechos no es nueva, ni la represión de los sin techo ha sido el único acontecimiento en ese sentido.

Los manteros y artesanos han sido un objetivo más o menos violentamente desalojado de las calles en estos años. Ahora le toca el turno a los senegaleses, que además de vendedores callejeros, son negros e indocumentados, por lo que parece que las fuerzas represivas tienen piedra libre para robarles e invadir sus viviendas con cualquier pretexto, tal como denunciaron esta semana en la Legislatura y reflejamos en este número de nuestra publicación. El CELS y Amnistía Internacional han llamado la atención sobre la violación de elementales derechos humanos que esconden esas prácticas represivas, racistas y discriminatorias.

Ahora, según denuncian en un comunicado Abogadxs Culturales, el oficialismo pretende avanzar mediante la modificación del Código Contravencional, entre otras cosas, en la criminalización del arte callejero, las manifestaciones en la vía pública y la actividad de los centros culturales. La modificación que pretenden, dice la entidad, "autoriza a las autoridades a llevarse detenida a una persona que esté haciendo algún ruido molesto, sin advertencia y sin posibilidad de bajar el volumen o hacer cesar la actividad". ¿Qué es ruido molesto para esta nueva normativa que intentan imponer con su mayoría legislativa? "La existencia de ruidos molestos queda determinada por la subjetividad de quien denuncia, sin contar con la referencia de criterios objetivos", aclara la asociación defensora de los centros culturales. Para más, estos ruidos molestos serán infracciones de acción pública, de tal forma que no se requerirá la denuncia de un particular afectado, sino que la propia autoridad policial determinará cuándo y quién comete la infracción, para proceder de inmediato a detenerlo por un máximo de cinco días y a clausurar el recinto donde se produjeran esos ruidos. ¿El derecho a la defensa? Bien, gracias. ¿Las pruebas? ¿Quién las necesita? Según la nueva doctrina de la ministra Patricia Bullrich, para el Estado la declaración policial es prueba suficiente.

De avanzarse en serio con esas reformas, cualquier semejanza con un estado dictatorial no será casualidad. Es de imaginar y desear que la reacción de toda la comunidad democrática ponga límites a estos desbordes autoritarios que amenazan nuestra convivencia social.

Lic. Gerardo Codina  

Compartir nota en las redes sociales Enviar Imprimir