Porteñas | Víctimas de Cromañón

Legisladores exigen precisiones

La Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña despachó un proyecto de pedido de informes, por el cual el Gobierno porteño deberá informar acerca de las acciones que se están implementando en torno a la reparación integral de las víctimas de Cromañón, prevista por ley. En mayo diferentes organizaciones de Sobrevivientes y Familiares de damnificados de la tragedia de Cromanón, presentaron un escrito para "encontrar el apoyo y la adhesión" de la solicitud de prórroga a la Ley 4786, que vence a fin de año y tuvo numerosos obstáculos para su implementación por parte del gobierno porteño.
Buenos Aires, 3 de julio de 2018. La Comisión de Derechos Humanos –presidida por la legisladora de Unidad Ciudadana Victoria Montenegro- despachó un proyecto de resolución, a través del cual se le exigirá al Gobierno porteño que brinde precisiones acerca de la implementación de la "Reparación integral a las víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas fatales de ´La Tragedia República de Cromañón´".

De esta manera, el Ejecutivo deberá describir el plan que lleva adelante para implementar acciones, políticas y programas de salud para las víctimas, precisando cuántos beneficiarios de la ley accedieron a ellas, qué tipos de demandas sanitarias fueron requeridas, que atención médica fue otorgada y en cuántos casos se otorgó medicación.

Por otra parte, deberá informar acerca de las convocatorias para la inserción laboral en el sector público que llevó adelante con preferencia para los beneficiarios, así como también a que tipos de trabajo accedieron, con qué salarios y cuáles requisitos. A la vez que se exige conocer la partida presupuestaria destinada este año a dicha reparación, entre otras cuestiones.

En los fundamentos de la medida, los diputados explicaron que "la situación de vulnerabilidad sostenida en el tiempo de los/as beneficiarios de la normativa mencionada y estando presentes las consecuencias de la tragedia en ellos y su entorno, como también en toda la ciudadanía; es que quienes tenemos responsabilidades políticas debemos velar por su integridad".

La iniciativa fue impulsada por los legisladores Leandro Santoro, Javier Andrade, Andrea Conde, Victoria Montenegro, Mariano Recalde y Carlos Tomada (UC).

Pidieron prórroga

Diferentes organizaciones de Sobrevivientes y Familiares de damnificados de la tragedia de Cromanón, presentaron un escrito y realizaron una conferencia de prensa el pasado 9 de mayo en el Salón Juan Domingo Perón del Palacio Legislativo para "encontrar el apoyo y la adhesión" de la solicitud de prórroga a la Ley 4786. La iniciativa propuesta por la Mesa de Unidad, busca brindar asistencia en tres ejes fundamentales para la reinserción en materia Salud, Trabajo y Educación.

En el comunicado, los Sobrevivientes y Familiares de damnificados afirmaron: "A la fecha, la Ley en el ámbito de la Ciudad, no es puesta en vigencia como corresponde, con un saldo de 17 Sobrevivientes suicidados y sumamos más de 40 padres fallecidos por enfermedades oncológicas en estos 13 años. Dicha Ley vence a fines de este año, siendo el único amparo legal e institucional con el cual contamos las víctimas".

"Comprendemos que la problemática por la que atravesamos Sobrevivientes y Familiares de Cromañon requieren la necesidad de debatir, consensuar, proponer ideas que puedan ser transformadas en acciones superadoras que permitan desde el conjunto de la sociedad aportar soluciones a las problemáticas por las que atravesamos", detallaron en el escrito.

La Mesa de Unidad estpa compuesta por las siguientes agrupaciones: Coordinadora Cromañon – No Nos Cuenten Cromañon – Sin Derechos No Hay Justicia –  Organización 30 de Diciembre – Sobrevivientes de Cromañon de Zona Sur – A.V.I.S.A.R. – Sobrevivientes y Familiares Autoconvocados.

La ley

La Ley 4786 se sancionó 28 de noviembre de 2013 por unanimidad del cuerpo legislativo. Tiene por objeto establecer la asistencia integral a las víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas fatales de "La Tragedia de República de Cromañon", ocurrida el 30 de diciembre de 2004 en el local de la calle Bartolomé Mitre 3060 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de prestaciones de salud, educación, inserción laboral y asistencia económica.

La norma garantiza una asistencia económica mensual por el término de cinco años de $ 2.400 para los sobrevivientes y $ 1.200 para los familiares de víctimas fatales hasta el 1º grado por consanguinidad o afinidad, que será actualizada anualmente conforme el Índice de Precios al Consumidor que elabora la Dirección General de Estadísticas y Censos porteña (IPCABA). Asimismo establece que la asistencia económica cesa en caso de cobro de alguna indemnización judicial o extrajudicial.

Además se garantiza a los beneficiarios los tratamientos, medicamentos y prácticas médicas, en  especial, la atención en salud mental, los controles neumonólogicos, los tratamientos de oncología, traslados prescriptos y demás vinculados. En cuanto a la inserción laboral, el Poder Ejecutivo los convocará a participar de los concursos que se dispongan para cubrir vacantes en el sector público. Asimismo diseñará e implementará acciones, políticas y programas, incluida la celebración de convenios, a fin de promover la capacitación de los beneficiarios para la mejora de las condiciones de empleabilidad en el mercado de trabajo.

La norma de autoría de los diputados Fernando Sánchez y Laura García Tuñón se votó sobre un texto consensuado con una incorporación de la diputada Karina Spalla, ante importante cantidad de sobrevivientes y familiares de víctimas fatales en los palcos bajos del Recinto.

La difícil implementación

Luego del reclamo de la Coordinadora Memoria, Verdad y Justicia por Cromañón, tras el suicidio de Martín Cisneros, uno de los jóvenes víctima de la tragedia, se iniciaron en febrero de 2014 las reuniones para reglamentar la Ley 4786/14 CABA de Reparación Integral a las victimas sobrevivientes y familiares de victimas fatales de "La Tragedia República de Cromañón". La entonces Vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, se comprometió ante los jóvenes a reglamentarla en 45 días y finalmente se iniciaron las reuniones con los diferentes organismos del Gobierno de la Ciudad para trabajar sobre cada artículo. Este año las organizaciones de familiares y víctimas denuncian que nunca fue plenamente implementada.



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