Buenos Aires, 26 de junio de 2018. En portal Canal Abierto se dió a conocer el comunicado firmado por Amnistía Internacional junto con organismos de Derechos Humanos, en ocasión de conmemorarse el Día Mundial de los Refugiados. En el mismo se hace cargo al Gobierno de la Ciudad de la escalada de violencia institucional y el abuso policial hacia la comunidad senegalesa.

Las entidades 100% Diversidad y Derechos, Agrupación Afro XANGO, Amnistía Internacional Argentina, AMUMRA – Asociación Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina, ANDHES – Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales, Área de Migraciones del Instituto de Investigaciones Gino Germani – FSOC – UBA, Asociación Civil Yanapacuna, Bloque de Trabajadorxs Migrantes, Campaña Migrar No es Delito, CAREF – Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales, Colectivo Passarinho, Comisión Organizadora 8 de Noviembre, Congreso de los Pueblos – Capítulo Argentina, Coordinadora Migrante y Consejería para Migrantes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES)- Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Instituto de Justicia y Derechos Humanos – Universidad Nacional de Lanús, MECOPA – Colectivo de Migrantes y Exiliados Colombianos por la Paz, MIRARES – Migrantes Refugiados y Argentinos Emprendedores Sociales, Núcleo de Estudios Migratorios (NEMI), Red de Migrantes y Refugiadxs en Argentina y la Red IAMIC – Red de Investigadorxs Argentinxs sobre migraciones contemporáneas, hicieron un duro pronunciamiento condenando el accionar represivo del gobierno porteño. 

Señalaron que durante los últimos meses, los barrios de Flores, Balvanera y Once fueron testigos de desproporcionados operativos policiales para perseguir a vendedores ambulantes, en su mayoría de nacionalidad senegalesa. "Allanamientos violentos e injustificados, intimidación constante, hostigamiento y reiterados episodios de violencia física y verbal contra trabajadores senegaleses, ejercidos por la Policía de la Ciudad", relata Amnistía Internacional en el comunicado.

El pasado 5 de junio un vendedor ambulante senegalés ( Kane Serigne Dame) fue violentamente intercedido por funcionarios policiales y terminó con una profunda herida en su brazo derecho e imputado en dos causas judiciales en plena vía pública.

Las causas penales son utilizadas como un mecanismo más de violencia, dicen. Criminaliza la venta ambulante y reduce las posibilidades de que se investigue a los funcionarios policiales que le provocaron lesiones. Además, provocan complicaciones con las autoridades migratorias, que incluso pueden llegar a provocar su expulsión del país.

Éste no se trató de un episodio aislado: "La comunidad senegalesa viene denunciando un gravísimo incremento –en cantidad e intensidad- de diferentes formas de persecución y violencia por parte de la policía desde 2016, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como la de La Plata, y en localidades del conurbano bonaerense sur", destacan desde Amnistía.

A raíz de la violenta forma en que la Policía de la Ciudad abordó a Dame, el vendedor ambulante herido que trascendió en los medios de comunicación, el 7 de junio en el barrio de Flores, diferentes organizaciones y la comunidad en general organizaron una manifestación para visibilizar la escalada de violencia y persecución a la comunidad senegalesa. "Sin embargo, apenas un día después de esta movilización, la Policía de la Ciudad, bajo las órdenes de la fiscalía porteña, realizó un operativo que incluyó más de 20 allanamientos en distintos hoteles y viviendas de senegaleses y en locales comerciales donde trabajan y detuvo durante más de 24 horas a 24 de ellos", señalan desde Amnistía.

En junio del año pasado, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Discriminación Racial expresó su preocupación por la escalada de violencia contra los migrantes africanos en Argentina, expuestos al acoso y la extorsión por la policía y la ausencia total de mecanismos de protección por parte del Estado hacia los vendedores extranjeros.

"Las organizaciones sociales y de migrantes comprometidas con los derechos humanos denunciamos el trato discriminatorio, racista y violento contra la comunidad senegalesa y manifestamos nuestra profunda preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía de la Ciudad; y exigimos a las autoridades que pongan fin a las prácticas extorsivas, discriminatorias y persecutorias contra los migrantes africanos, y una investigación imparcial e independiente de los hechos que determine la responsabilidad de los autores de los excesos", sentencian en el comunicado.

Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación por distintos hechos y acciones de violencia institucional y policial ejercidos contra la comunidad senegalesa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Mientras nos acercamos al Día Mundial de los Refugiados que se conmemora el 20 de junio, la mayor comunidad de solicitantes del estatuto de refugiado en Argentina viene sufriendo una creciente envestida contra sus derechos humanos. Durante los últimos meses, los barrios de Flores y Balvanera fueron testigos de operativos policiales desproporcionados para perseguir a vendedores ambulantes, en su mayoría de nacionalidad senegalesa, allanamientos violentos e injustificados, intimidación constante, hostigamiento y reiterados episodios de violencia física y verbal contra trabajadores senegaleses, ejercidos por la Policía de la Ciudad.

El 5 de junio Kane Serigne Dame fue abordado de manera violenta en plena vía pública por funcionarios policiales y terminó con una profunda herida en su brazo derecho e imputado en dos causas judiciales. Las causas, además de constituir una respuesta que criminaliza la venta ambulante, reducen las posibilidades de que se investigue a los funcionarios policiales que le provocaron lesiones. Si bien este hecho cobró especial notoriedad, no se trató de un episodio aislado: la comunidad senegalesa viene denunciando un gravísimo incremento –en cantidad e intensidad- de diferentes formas de persecución y violencia por parte de la policía desde 2016, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como la de La Plata, y en localidades del conurbano bonaerense sur. Durante este año, la comisaría 50 del barrio de Flores protagonizó una serie de operativos violentos y sistemáticos, en los que los vendedores senegaleses resultaron imputados por supuesta "resistencia a la autoridad". El inicio de estas causas penales, que encubren detenciones arbitrarias, asimismo les provoca complicaciones con las autoridades migratorias, que incluso pueden llegar a provocar su expulsión del país.

Los altos niveles de violencia institucional motivaron la reacción de toda la comunidad, así como de múltiples organizaciones sociales y de derechos humanos y de los vecinos, quienes se manifestaron el jueves 7 de junio en el barrio de Flores. Sin embargo, apenas un día después de esta movilización, la policía de la Ciudad, bajo las órdenes de la fiscalía porteña, realizó un operativo que incluyó más de 20 allanamientos en distintos hoteles y viviendas de senegaleses y en locales comerciales donde trabajan, y detuvo durante más de 24 horas a 24 de ellos.

Estos episodios de violencia se enmarcan  en un contexto de hostigamiento institucional y discriminación racial contra la comunidad senegalesa en Buenos Aires, que viene denunciando un incremento de operativos en la vía pública con poca observancia de las garantías judiciales. Tanto la policía como la fiscalía utilizan un perfil racial para la criminalización de los trabajadores senegaleses. En junio de 2017, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Discriminación Racial ya había expresado su preocupación por la escalada de violencia contra los migrantes africanos en Argentina, expuestos al acoso y la extorsión por la policía, y la ausencia total de mecanismos de protección a los que puedan acceder.

El Estado debe buscar de manera urgente soluciones integrales y participativas para la protección de los derechos de la comunidad senegalesa en Argentina, incluyendo la regularización documentaria y la generación de alternativas laborales sustentables.

Las organizaciones de migrantes y otras organizaciones sociales comprometidas con los derechos humanos denunciamos el trato discriminatorio, racista y violento contra la comunidad senegalesa y manifestamos nuestra profunda preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía de la Ciudad; y exigimos a las autoridades que pongan fin a las prácticas extorsivas, discriminatorias y persecutorias contra los migrantes africanos, y una investigación imparcial e independiente de los hechos que determine la responsabilidad de los autores de los excesos.

 

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