Buenos Aires, 6 de febrero de 2018. A través de un comunicado conjunto, ATE y UPCN alertaron sobre la "constante persecución y violencia institucional que sufren todos los días los trabajadores", que se refleja en un manejo discrecional de los recursos  y en la remoción de cargos sin justificación, lo que impacta directamente en la calidad de la atención y en las condiciones de trabajo de los médicos, psiquiatras y psicólogos que se desempeñan en el lugar.

Los empleados aseguran que desde que asumió la actual gestión se dejó de trasladar a los pacientes que lo necesitan por falta de combustible para los móviles, se redujo la demanda espontánea de casos urgentes, que ahora se atienden con turnos previos, y se eliminaron los programas de atención de niños y adolescentes.

Según expresan los trabajadores, los recortes en el hospital que, según su propia web, debería ser un Centro Nacional de Referencia en Salud Mental y Adicciones tanto en el funcionamiento asistencial como en la dimensión científico-técnica, se inscriben en el contexto general del modelo de las neurociencias con la  restauración de un enfoque biologicista de la salud mental, que "contradice nuestra formación interdisciplinaria" y que "intenta reinstalar el modelo tutelar, que enajena la voluntad de los pacientes, a quienes considera incapaces de tomar decisiones en lugar de verlos como sujetos de derechos".

 

En su momento, la gestión anterior detalló que la iniciativa para rebautizar al ex Cenareso, aprobada por una ley de la Nación de 2015, tuvo en cuenta no sólo la representación de Laura Bonaparte del organismo Madres de Plaza de Mayo, sino también su condición de psicóloga y trabajadora de la salud que "simboliza el cambio de concepto que se realizó en la institución", que "el antiguo nombre Centro Nacional de Reeducación Social, puesto durante la gestión de José López Rega, expresaba la idea de que hay que encerrar y marginar en un hospital-cárcel", y que la nueva ley nacional de Salud Mental "entiende a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social".

La actual intervención del hospital promueve la instalación del antiguo paradigma de encierro y medicación. No es casual que al asumir en diciembre de 2015, el interventor Mera haya manifestado su intención de reemplazar el nombre de Laura Bonaparte y hoy pida desde su Facebook que se le diga "sí al presidente de la Nación Argentina y al decreto reglamentario de la Ley de Salud Mental".

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