Buenos Aires, 16 de enero de 2018. En base a un informe de inteligencia remitido por la Unidad de Información Financiera (UIF), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) –y de conformidad con lo dispuesto por el art. 19 de la Ley 25.246- denunció el viernes pasado a las firmas OCA S.R.L., Grupo Damasco y Grupo Rhuo, entre otras sociedades, y personas físicas que aparecen relacionadas entre sí, por la posible comisión de los delito de lavado de activos y evasión tributaria. Tras el sorteo de rigor, la presentación recayó ante el Juzgado en lo Penal Económico N°3, con intervención de la Fiscalía Penal Económico N° 8.

Además de la PROCELAC, el informe también fue presentado en el Juzgado en lo Penal Económico N°9, en virtud de que allí se encuentra radicada una investigación por evasión tributaria.

En la denuncia se señala a las empresas OCA S.R.L., Grupo Damasco, Grupo Rhuo, y las sociedades que estas incluyen. Asimismo, se menciona al Club Atlético, Social y Deportivo Camioneros, a la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios, y a la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros. También, en relación a las personas físicas, la denuncia menciona al actual director de la empresa de correspondencia, Patricio Farcuh, Hugo Moyano y su hijo, Pablo Moyano.

Frente a la presentación efectuada por la UIF, la PROCELAC estimó que, si bien dicho informe da cuenta de indicios de lavado de activos y de evasión tributaria suficientes como para formular una denuncia, era necesario judicializar el caso, dado que la corroboración de tales extremos exige la concreción de medidas probatorias que, por sus características, requieren de intervención y autorización judicial, como ser el levantamiento de secretos fiscales y bancarios.

Ocho meses atrás, Síntesis Comuna 3 publicaba en su edición web la siguiente noticia. 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2017. Por orden del juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi, el edificio de empresa postal de la calle Moreno y La Rioja continúa al cierre de esta edición fuertemente custodiado por decenas de gendarmes antipiquetes, con cascos y escudos. La incursión de las fuerzas de seguridad comenzó el sábado pasado por la tarde, cuando el dueño de la firma Patricio Farcuh fue autorizado por la Justicia para reingresar a las dependencias, luego que los Moyano lo expulsaran de su propia empresa a fines de 2016. 

Fuentes de la compañía aseguraron que la actividad laboral era "normal", aunque los trabajadores de OCA se reunieron para protestar en el cruce de La Rioja y Belgrano. 

"Farcuh es el presidente de OCA S.R.L y es el dueño del 100% de las acciones de la empresa. Desde hace varios meses no puede ingresas porque terceras personas habrían tomado la administración de forma irregular. Algunos identificados pertenecerían al Sindicato de Camioneros y otros serían ex empleados y gerentes de la empresa. A raíz de eso se iniciaron varias acciones legales en al fuero penal y comercial", explicó el abogado del empresario, Guillermo Armani, sobrino del diseñador de moda italiano. 

Según contó Armani en diálogo con el programa radial Rompiendo Moldes, de Radio Rebelde, los Moyano y sus alternos fueron denunciados por los delitos de usurpación, administración fraudulenta y extorsión, entre otros. Uno de esos expedientes recayó en el juzgado N° 8 de De Giorgi. "A través de una petición de Farcuh el juez y el fiscal ordenaron que si va a reingresar a su empresa lo haga con una fuerza de seguridad suficiente como para retomar las actividades y que su vida no corra peligro", explicó el letrado semejante operativo, con más de 100 gendarmes. 

El empresario había sido expulsado de sus oficinas en noviembre pasado por el gremio de Camioneros por las complicaciones económicas de la firma. El fin de semana trascendió que tras tomar el correo, Moyano se había comprometido a regularizar una de deuda de $ 2.000 millones con la AFIP y otros impuestos por $ 1.200 millones, pero no lo cumplió. 

Los sindicalistas aseguran que Moyano se metió en OCA porque Farcuh no paga los sueldos o abonaba el 70% del total. Según se supo, en salarios se invierten $ 170 millones mensuales. Cerca de Farcuh reiteran que el Estado le adeuda unos $ 650 millones. 

"Hacemos responsable al ministerio de Seguridad y al Gobierno de lo que nos pueda pasar a los 7.500 trabajadores directos de OCA y a los 5.000 o 6.000 tercerizados. El destino de nosotros depende de los que toman las decisiones de defender a un ladrón, que vació la empresa, con semejante despliegue", aseguró al diario Clarín en la puerta del edificio Fabio Salvatierra, delegado de OCA y hombre de Hugo Moyano. 

Otro representante del sindicado informó que "desde septiembre se viene auditando desde el gremio (de Camioneros) para que se paguen todos los sueldos y se pueda trabajar"."La empresa deja plata, este tipo (por Farcuh) hizo cualquier cosa. Ahora estamos al día con el cobro de sueldos", agregó otro representante del sindicato.

El diario online URGENTE24 publicó en su edición del 27 de abril pasado una nota referida a la historia de la empresa de Balvanera y de cómo llegó Farcuh a ser su propietario. "En el rentable imperio logístico que creó Alfredo Yabrán, OCA era la nave insignia", empezaba la nota citada. "La piloteaba Héctor Colella, hoy día el líder de Ocasa, courier internacional. Su ocaso la arrastró y fue a dar a The Exxel Group. La reestructuró, la mandó a convocatoria (...) hasta que el líder camionero Hugo Moyano dicen que hizo pagar US$63 millones al macrista Patricio Farcuh y le puso a cargo 7.000 afiliados al gremio de Camioneros; más tarde se pelearon, hace poco lo quiso desplazar y el presidente Mauricio Macri se negó a un salvataje político." 

"Tambalearon las finanzas, el gobierno la ayudó con $1.500 millones e igual tuvo problemas para pagar sueldos y acumuló una deuda de $1.400 millones con la AFIP que está en vías de ejecución judicial. El gobierno deshoja la margarita entre que quiebre y la absorba en parte el Correo Argentino o que el dueño y Moyano se pongan de acuerdo para venderla a potenciales interesados como el banco brasileño de inversiones BTG Pascual, Daniel Llermanos o Gustavo Elías, y aseguren su continuidad, aunque convertida en banco." 

Farcuh es un contador de 39 años y desde 2010 es titular del Grupo RHUO (Recursos Humanos Organizados), dedicado a la "gestión de talento". Fue hacedor del encuentro cara a cara entre Macri y el ex mandatario francés Nicolás Sarkozy. Compró OCA en 2013 y desde que Moyano ganó la presidencia de Independiente auspicia la camiseta del rojo. 

Por su parte Página/12 recuerda que, coincidentemente, en noviembre de 2016 el Banco Central dictaba una normativa según la que los retails o correos pueden ser sucursales comerciales de bancos con facilidad. 

Si esto se cumpliera estrictamente y ningún obstáculo se interpusiera en el camino, OCA podría ser mañana mismo el 7mo banco de la Argentina. Hay interesados de mucha espalda en esa operación. Es el caso del banco de inversiones BTG Pascual, que ese mismo año se acercó para interesarse por la suerte de la compañía de transportes. La entidad es un gigante con sede en San Pablo que se despliega en todo el mundo. 

Había comprado incluso el BSI, el Banco della Svizzera Italiana (el banco de la Suiza Italiana) fundado en 1873 en Lugano. El BSI se hizo conocido en la Argentina cuando en diciembre último Página 12 publicó que Mauricio Macri tenía, o tiene, una cuenta en la sucursal Nueva York. En cuando al BTG, los brasileños lo conocen porque uno de sus ejecutivos está preso por la investigación de las coimas de Odebrecht y Petrobrás. 

También mostró interés en adquirir OCA Daniel Llermanos, un ex juez y abogado con fuerte presencia en el área de transportes. Llermanos tiene relación fluida con el jefe de los camioneros. Tanta que representa legalmente al gremio en muchas causas. 

Otro que se anotó por OCA es el empresario transportista Gustavo Elías, quien últimamente comenzó a expandirse hacia otras áreas e incluso compró el año pasado el holding de medios La Nueva Provincia, del grupo Massot. 

El secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, aclaró que la intervención de la Gendarmería para permitir el reingreso de su propietario, el empresario Patricio Farcuh, a la planta de OCA, tomada por sus trabajadores desde noviembre último, obedeció a una decisión judicial y no a una medida política impulsada por el Gobierno. 

En ese sentido, el funcionario justificó la medida adoptada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. "Nosotros creemos que se debe cumplir la ley y que un sindicato no puede tomar una empresa eternamente", aseguró. 

Consultado sobre la crítica situación que atraviesa la empresa, con varios meses de atraso en el pago de sueldos y con deudas fiscales, Milman sostuvo que la evaluación de Farcuh deberá hacerla el Poder Judicial. "Si el dueño es un farsante, esto es un tema de la Justicia. Nosotros no evaluamos, nos somos jueces. Sí decidimos que nadie puede decidir por sí sólo qué hacer". 

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