Así las cosas, Argentina sigue siendo una anomalía mundial con altas tasas de inflación, pese a la prometida "lluvia de inversiones", que no llegan. Nada de eso se contempla en el cálculo de gastos y recursos del próximo año que propuso el ministro de Hacienda porteño a los legisladores de la Ciudad.

Mientras que los impuestos como el ABL se actualizarán en línea con la inflación actual, subirán las partidas un 23 por ciento en promedio y el gasto en educación y salud se incrementará sólo un 13%, lo que implica una caída real de cerca de 10 puntos porcentuales. El intento de Rodríguez Larreta, expresado en el proyecto presupuestario remitido por el ministro de Hacienda Martín Mura, es achicar el déficit estructural de la ciudad. El costo se reparte de modo desigual. Mientras educación y salud pública pierden dimensión por un incremento menor a la inflación, los gastos en seguridad y obras públicas se mantienen más cerca de su actualización inflacionaria.

Más allá del detalle, el gasto global previsto se incrementaría el año próximo apenas un 11,5% respecto del que rige para el corriente año, incluyendo, según el proyecto remitido a la Legislatura, los incrementos salariales de los trabajadores públicos. Sin embargo, para el contador Mura los recursos proyectados crecerán casi un veinte por ciento (19,4%, para ser exactos). Con lo que, en sus cuentas, se lograría un presupuesto equilibrado, después de muchos años de gestión macrista. Siempre hay un pero. En este caso, es difícil imaginar hoy que los gremios estatales convaliden un recorte de los salarios de más del diez por ciento, con la inflación actual y la que prometen los incrementos futuros de la electricidad y el transporte público. Vale recordar que en sueldos se gasta uno de cada dos pesos del gobierno porteño.

La buena noticia viene por el lado del recorte del impuesto a los ingresos brutos que pagan las industrias pequeñas y medianas radicadas en la ciudad, así como la simplificación del régimen para los menores contribuyentes. Algo que beneficiaría a unos diez mil pequeños empresarios.  El proyecto contempla además "una fuerte reducción para las industrias" del tributo. "Se propone dejar sin efecto el concepto de extraña jurisdicción" y también "elevar de 24 millones de pesos a 75 millones, el tope de facturación anual para considerar exenta a la actividad industrial". Con "esas modificaciones más de 20.000 industrias podrán incorporarse a esta exención", lo cual alcanzará al 90 por ciento de las industrias que tributan en la ciudad. Algo positivo, pese a que no sean las industrias la principal actividad económica porteña. 

El camino es conocido. Menor gasto público culmina en mayor recesión. Eso promete Cambiemos a los porteños el próximo año.

     Lic. Gerardo Codina

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