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Procesados por enriquecimiento ilícito

Claudio Lucione y Osvaldo Tapia fueron jefes de la comisaría séptima de la Ciudad de Buenos Aires, en cuya jurisdicción creció la venta ambulante. En 2012 fueron denunciados pero hasta el año pasado continuaban vinculados al ministerio de seguridad porteño. Ahora la Cámara del Crimen confirmó su procesamiento. Buenos Aires, 23 de mayo de 2017. Claudio Lucione y Osvaldo Tapia Ambos acaban de recibir un nuevo revés judicial. La Cámara del Crimen confirmó su procesamiento por enriquecimiento ilícito, que prevé una pena de entre dos y seis años de prisión, que les había dictado en las vísperas de la pasada Navidad el juez de instrucción porteño Hernán López. La causa se encamina al juicio oral y público.

El fallo unánime de la Sala VII, integrada por Mariano Scotto, Mauro Divito y Jorge Rimondi, se conoce en una semana clave además, para José Potocar. En las próximas horas el juez Ricardo Farías debe decidir la situación del ex jefe de la fuerza, que está detenido y acusado de liderar una asociación ilícita que extorsionaba a comerciantes y empresarios de Núñez y Saavedra.

"Lucione ha tenido un notable incremento de su patrimonio en los últimos años y que no ha podido justificar, aún considerándose el valor que el propio imputado asigna a los bienes inmuebles", sostuvieron en su resolución los jueces Scotto, Divito y Rimondi. Respecto de Tapia, afirmaron: "El plexo probatorio reunido permite concluir en que el imputado no ha podido justificar el incremento de su patrimonio".

Hasta diciembre pasado, el comisario retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) Claudio Lucione trabajaba como asesor del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. Antes había sido gerente de Seguridad de Boca Juniors, contratado bajo la gestión de Daniel Angelici. Su colega, el comisario inspector Osvaldo Tapia, era el jefe operativo de las comisarías de la zona sur de la ciudad. Pero, también en diciembre pasado, fue desplazado por el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo.

PRESUNTAS EXTORSIONES

El 7 de marzo de 2013, el portal Cosecha Roja publicaba “La sospecha de enriquecimiento ilícito comenzó hace ocho meses cuando un agente de la comisaría 7º denunció sus superiores ante el Ministerio de Seguridad. La delegación de la calle Lavalle es conocida como una de las comisarías más recaudadoras de la Federal. Los prostíbulos, los puesteros, los vendedores de las galerías, los comerciantes, los arbolitos, las financieras. Todos aportan a la “caja negra” de la 7º.”

El policía denunciante había sido testigo, durante años, de cómo sus compañeros cobraban coimas. Tenía nombres, lugares y el modus operandi de los agentes corruptos. La denuncia desencadenó una presentación del Ministerio ante la justicia. La cartera que dirigía Nilda Garré quedó como querellante en la causa por enriquecimiento ilícito que abrió el juez Hernán López, del Juzgado de Instrucción Nº 1. Allí se investiga a nueve policías: el comisario Luis Alberto Poggi, el subcomisario Claudio Lucione, el subcomisario Osvaldo Tapia, el subcomisario Elio Rodolfo Tobarez, el subinspector Pablo Askiuk, el suboficial mayor Rubén Russo, el Cabo Héctor Cardozo, el Cabo Jorge Omar Fermin y el Sargento primero Miguel Vázquez. Algunos de ellos habían prestado servicio hacía tiempo en la 7º. Otros, todavía se desempeñaban en esa comisaría.

En agosto de 2008, el comisario Lucione compró una casa en Cariló, en Pinamar, con un terreno de 1100 metros cuadrados por la que, según sus declaraciones juradas, pagó $ 219.000. Su colega Tapia, en 2010, adquirió, después de recibir una herencia, una embarcación, un departamento de 55 metros cuadrados y un automóvil Peugeot 207 0 km.

"Puntualmente, en lo que respecta a Lucione y Tapia se encuentra acreditado un aumento del patrimonio el cual no se compadece con las declaraciones juradas formuladas por éstos, siendo además que las explicaciones por ellos vertidas no resultan satisfactorias ante las conclusiones del informe pericial", afirmó el juez López en su resolución.

Los camaristas sí revocaron el procesamiento por el delito de concusión tipificado para un funcionario que hace uso de su cargo para hacer pagar a una persona una contribución que no le corresponde. Según la investigación judicial, las víctimas del presunto accionar policial fueron comerciantes y vendedores ambulantes de la zona de Once, donde tiene jurisdicción la comisaría 7».

En esta cuestión también fue beneficiado Pablo Aksiuk, que en el momento de los hechos investigados era integrante de la brigada de la comisaría 7a. Los tres uniformados recibieron la falta de mérito pero siguen investigados por este delito.

Según la denuncia original, además de recibir dinero a cambio de brindarles seguridad a los locales, los jefes policiales denunciados están sospechados de dar protección a cambio de dinero a prostíbulos y "quioscos de droga". Según consta en la denuncia que originó la investigación, los comerciantes pagaban entre $ 1500 y $ 7000 por mes.

En cambio, el juez de la causa sobreseyó a los jefes policiales Luis Poggi y Elio Tobares, que estaban imputados de los mismos delitos por los que fueron procesados Tapia y Lucione.

En el expediente se incorporaron las declaraciones de dos testigos de identidad reservada. Uno es un uniformado que se desempeñaba en la comisaría 7a. El otro es un comerciante que explicó la forma en que debía pagar mensualmente a los policías a cambio de no sufrir el secuestro de su mercadería.

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