Represión en la villa 21

Porteñas | Por los alrededores del barrio

Represión en la Villa 21

La noche del sábado 24 de septiembre Ezequiel e Iván se encontraron en la esquina de Iriarte y Alegre. Inmediatamente, oficiales de la Policía Federal procedieron a detenerlos, pedirles documentos y requisarlos. Como no les hallaron nada, luego de maltratarlos e intimidarlos, los dejaron ir. Pero a los cincuenta metros, varios móviles de Prefectura les cerraron el paso y los volvieron a detener. Buenos Aires, 11 de octubre de 2016. Esposados, fueron trasladados hasta la garita que tiene esa fuerza en Osvaldo Cruz e Iguazú. Ahí, Ezequiel, el menor de los dos, fue sometido a una primera sesión de golpes. Iván recibió el mismo tratamiento en el interior del móvil de Prefectura. Después, los prefectos decidieron trasladar a los jóvenes a un descampado frente al Riachuelo, cerca de la fábrica Pepsi, y reiniciaron el tratamiento. Los golpearon en la cara, les dieron palazos en el cuerpo y les hicieron un simulacro de fusilamiento. Finalmente les robaron todo lo que tenían, les dijeron que corrieran y que rezaran si querían salvarse, que es lo que hicieron, sin siquiera mirar atrás.

Son los chicos de la revista La Garganta Poderosa que así relata: “Corrieron, corrieron a sus casas, corrieron a nuestra redacción, corrieron a la Procuraduría contra la Violencia Institucional y ayer se presentaron en la fiscalía de Pompeya, para prestar declaración. ¿Y adivinen qué? Sí, estaba ahí, uno de ellos estaba ahí, el prefecto Leandro Adolfo Antúnez estaba ahí. Lo vieron, lo señalaron y lo denunciaron. Acto seguido, el fiscal Marcelo Munilla Lacasa pidió la orden de detención y la remoción de los agentes que integraban el móvil”.

A los tres efectivos detenidos, se agregaron los cuatro que faltaban., que se entregaron. Si bien la causa que lleva la jueza María Gabriela Lanz es por el delito de “apremios ilegales”, el fiscal Adrián Giménez imputó a los acusados por torturas, que contempla penas que van de 8 a 25 años, como en casos de homicidios. Los siete fueron separados de sus cargos mientras se investiga.

Gabriela Carpineti, abogada de los jóvenes, dijo que “lo que hay que resaltar es la imputación por torturas que hace el fiscal Giménez. La misma tipificación que se utilizó en el caso Arruga. Les aplica el artículo 144 ter, inciso primero y tercero, del Código Penal, que incluye tanto la tortura física como la psicológica. Estos delitos tiene penas más elevadas que las que se aplican por apremios ilegales, de 8 a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para los funcionarios públicos”.

Sin embargo, la abogada se mostró sorprendida porque “pese a la trascendencia que tuvo el caso, las repercusiones que generó en las redes sociales y en los medios, ningún funcionario se acercó. Tampoco recibimos ninguna comunicación desde el Ministerio de Seguridad, del cual hubiéramos esperado algo”. Pero, resalta Carpineti, “entendemos que la detención de los siete prefectos es producto de esas repercusiones que generó el caso, y eso, en gran medida, tiene que ver con la presión que logró la organización del barrio Zabaleta”. Por último, informó que los jóvenes, que permanecen resguardados, van a ampliar la declaración testimonial en los próximos días.

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