Comunales | Sin derecho a la vivienda
Desalojos reiterados
En menos de dos meses, tres viviendas colectivas fueron desalojadas o se intentó hacerlo, sólo en Balvanera. A los casos de la Casa Pantano, de pasaje Gardel en Abasto, y Pichincha 191, al lado del Spinetto, se sumó el 29 de setiembre el Hotel Panamá, de 24 de noviembre 29, casi Rivadavia. Más de cien familias sin casa o con riesgo de perderla. Todos inquilinos y vecinos de la zona. Buenos Aires, 11 de octubre de 2016. Los tres hechos tienen semejanzas más allá de lo obvio. El predominio de la lógica mercantil sobre los derechos esenciales establecidos por nuestra Constitución. Por caso, en el Hotel Panamá la orden judicial de desalojo de los inquilinos fue gestionada por el propietario como reacción a los reclamos por las malas condiciones del inmueble, visibles a simple vista. El operativo policial iniciado a las 2 de la madrugada del jueves 29 quedó suspendido después de horas de arduas negociaciones con las autoridades judiciales que lo habían ordenado, pero por un plazo de 120 días, necesarios para que los niños culminen su ciclo escolar y las familias puedan reubicarse. La resistencia de las 40 familias que habitan allí y la solidaridad de otros grupos de vecinos pudieron imponer el freno temporal.
En la casa Pantano del pasaje Gardel el panorama es similar. Los inquilinos están al día con sus pagos, pero los nuevos propietarios quieren destinar el edificio a un desarrollo inmobiliario que implica su demolición parcial, pese a que se trata de una construcción con protección legal por ser considerada “patrimonio histórico”. En una zona de fuerte revalorización de las propiedades por su desarrollo turístico y comercial, estos inquilinos parecen estar de más. Y se procura echar las 25 familias sin consideraciones. Sólo la movilización vecinal detuvo el desalojo, pero por 90 días, que vencen en noviembre.
Menos suerte tuvieron los habitantes de Pichincha 191. El operativo de desalojo los tomó de sorpresa y se originó de un modo inesperado. No hubo un propietario que lo reclamase. Fue el propio gobierno de la Ciudad que lo impulsó. La Dirección de Fiscalización y Control de la Ciudad de Buenos Aires primero clausuró el inmueble argumentando que el edificio tenía riesgo edilicio y después denunció a los vecinos por violación de esa medida de clausura. El 23 de setiembre las 40 familias que lo habitaban fueron desalojadas en el medio de un fuerte operativo policial que involucró a unos 80 efectivos de la Policía.
Comuna 3 es una de las que mayor cantidad de habitantes tiene en hoteles e inquilinatos, sin hablar de las casas tomadas que abundan. En muchísimos casos, los propietarios se desentienden del mantenimiento, esperando que el paso del tiempo les permita desembarazarse de edificios cuyo valor principal termina siendo el suelo sobre el que se levantan. Invirtiendo lo menos posible, extrayendo la mayor renta factible y especulando con la valorización causada por el desarrollo urbano, completan un negocio rentístico que no se detiene en consideraciones humanitarias. No es su problema. La vivienda social es un tema del Estado.
Santiago Pujol
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