Sociedad | Audiencia por el tarifazo
Oradores censurados
Desde la cooperativa del Bauen y la Unión de Clubes de Barrio acusaron al Gobierno de buscar controlar el encuentro que se realizó el fin de semana. Por su parte, la Multisectorial contra el Tarifazo denunció que “Sin fundamentos jurídicos y censurando las voces de la población, el gobierno nacional realizó una Audiencia Pública por el tarifazo al gas que tuvo a una multitud afuera manifestando lo que no le dejaron expresar adentro de la Usina del Arte”. El gas y el derecho a trabajar. Buenos Aires, 20 de setiembre de 2016. El fin de semana fue inédito por la realización de una polémica y extensa audiencia para debatir los nuevos cuadros tarifarios que se aplicarán al consumo de gas. Las organizaciones sociales que reclamaron contra las pretensiones de dolarizar la tarifa y duplicar el precio internacional del combustible, denunciaron además que el gobierno incurrió en groseras medidas de censura para impedir la expresión de las voces de protesta y manipular los resultados de la audiencia.
Algunos sectores afectados por el tarifazo del gas denunciaron irregularidades en la audiencia pública convocada por el Gobierno tras el fallo de la Corte Suprema que frenó la suba en las tarifas. De acuerdo a lo informado por el Enargas, hay 373 oradores anotados, pero desde la Multisectorial contra el Tarifazo de la Ciudad de Buenos Aires rechazaron con dureza ese dato.
"Nos consta que hay un montón de personas, cooperativas de trabajo, empresas recuperadas, clubes de barrio y centros de jubilados que se inscribieron para participar y no figuran en la lista", declaró Federico Tonarelli, vicepresidente del Hotel Bauen, para quien se trata de “una maniobra del gobierno para que la Audiencia no sea como debe ser".
En el mismo sentido, Cristian Font, de la Mesa Nacional de la Unión de Clubes de Barrio, dijo: "Hay muchas irregularidades que rodean a la Audiencia y esta es una más. Buscan que la Audiencia sea un trámite para validar el tarifazo y que la sociedad en su conjunto pague esos brutales aumentos”.
La Multisectorial volvió a fundamentar las razones de su protesta afirmando que “Porque los servicios públicos y el transporte son derechos humanos y porque creemos que la sociedad en su conjunto y los sectores populares no podemos ser las víctimas del brutal ajuste que está llevando a cabo la Alianza Cambiemos, ahí estuvimos para defender nuestros derechos.”
TARIFAZO Y RECESIÓN
Las empresas recuperadas están en riesgo por la recesión y las órdenes de desalojo. El precio del gas pone en juego el derecho a trabajar de sus integrantes. Es que el tarifazo, la apertura de importaciones y la caída de la actividad económica impactan de lleno en las cooperativas. Sus trabajadores perdieron hasta el 50% del poder adquisitivo del salario. Pese a esto, la Justicia avanza con pedidos de desalojo.
Las empresas recuperadas, símbolos de la crisis de 2001, están en una encrucijada de difícil resolución. La caída de la actividad económica, la apertura de las importaciones y el tarifazo pegaron duro en las cooperativas, los ingresos de los trabajadores dependen exclusivamente del nivel de producción y venta.
“Estamos en una situación muy complicada”, dice Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa del hotel Bauen y dirigente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo Autogestionadas (Facta). Tonarelli asegura que todas las medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional impactaron en la actividad de las empresas recuperadas, en especial la devaluación y el tarifazo. “Nosotros calculamos una caída de entre un 20 y un 30% de la actividad, entre el hotel y el restaurante”.
Desde la metalúrgica IMPA, ubicada en el barrio de Almagro, el referente Eduardo “Vasco” Murúa cuenta que al no poder trasladar la suba de los costos a los precios de los productos, el poder adquisitivo de los cooperativistas disminuyó un 50%. “En IMPA tenemos un aumento importante de los costos vía tarifazo y a la vez un 30% menos de pedidos”, añade.
En la histórica textil Brukman, la situación es todavía más complicada. Delicia Millahuall, trabajadora de esa empresa, asegura que casi no hay trabajo y que, con suerte, entra un encargo cada 15 días. Mientras tanto, las boletas de servicios se acumulan en la carpeta de deudas: “De luz, por ejemplo, pagábamos seis mil pesos por mes y ahora nos vino 24 mil pesos. Y de agua debemos 80 mil pesos, no podemos pagar esos montos.” Delicia se pregunta: “Si no tenemos trabajo, ¿cómo vamos a pagar las boletas? Estamos preocupadas, pero no queda otra alternativa: vamos a volver a luchar.”
Las empresas recuperadas no fueron incluidas en los alcances de la tarifa social. Sin embargo, los problemas económicos no son el único inconveniente que las recuperadas enfrentan. En los últimos días se conoció un fallo que ordena el desalojo de la cooperativa La Litoraleña, que fabrica tapas para empanadas y tartas, y está ubicada en Girardot 345, Chacarita. Los 70 trabajadores habían pedido autorización para el uso del equipamiento de la fábrica y ponerla a producir gestionada por la cooperativa, opción que explícitamente indica la ley de quiebras. Pero la jueza Valeria Pérez Casado, del Juzgado ° 18 de la Ciudad, se los negó y ordenó el desalojo.
Sin embargo, los trabajadores se turnan para hacer guardias y no abandonar el lugar, tienen una consigna de la Policía Metropolitana que vigila todos los movimientos de la fábrica. Luis Baini, delegado de La Litoraleña expresa “nosotros solo queremos que se nos permitan trabajar para poder mantener a nuestras familias. Muchos somos trabajadores con más de treinta años de antigüedad en la empresa”.
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